Cuba ha dado luz verde, mediante la publicación de un nuevo decreto-ley en la Gaceta Oficial de la República, a la constitución de empresas público-privadas por primera vez en 60 años, en un contexto de grave crisis económica y energética provocada, en parte, por las sanciones de Estados Unidos y las dificultades para recibir crudo de Venezuela.
La norma establece que estas sociedades mixtas tendrán capacidad para fijar los productos y servicios que ofrecerán, siempre ajustados a su objeto social, así como sus precios, y podrán igualmente decidir el nivel de ingresos de sus trabajadores y el número de empleados que integrarán su plantilla.
Según el decreto-ley, las empresas de capital mixto podrán operar “a cualquier actividad lícita”, quedando excluidas la prestación de servicios de salud y educación, además de las actividades vinculadas directamente con las instituciones armadas, salvo en lo relativo a los sistemas empresariales que dependen de estos sectores.
El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel puso en marcha a comienzos de febrero un conjunto de medidas extraordinarias para hacer frente al “desabastecimiento agudo de combustible” que padece la isla desde que Estados Unidos intervino militarmente Venezuela e impuso el cese de los envíos de petróleo.
En paralelo, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que impondría aranceles a cualquier país que suministrase crudo a Cuba, incrementando aún más la presión sobre la economía cubana.