El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Ejecutivo dará luz verde a lo largo de este mes de enero a una nueva normativa destinada a limitar los intereses que se aplican a los créditos al consumo.
Tal y como ha detallado este jueves en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la iniciativa persigue elevar la transparencia en las condiciones de esta financiación y reforzar la protección de los usuarios, fijando además un plazo mínimo de 24 horas para que puedan aceptar una oferta de crédito con la información suficiente y un tiempo razonable para reflexionar.
Cuerpo ha precisado que la futura regulación reforzará la defensa de los consumidores “en tres dimensiones”. La primera será la transparencia, de forma que, cuando se publiciten créditos rápidos, microcréditos o tarjetas 'revolving', la campaña comercial no se centre únicamente en la inmediatez del acceso al dinero, sino que incluya el resto de condiciones para evitar que la urgencia o la rapidez lleven a equívocos.
Asimismo, se establecerá la obligación de que entre la oferta vinculante y su aceptación transcurra al menos un día completo, 24 horas, con el objetivo de contener decisiones impulsivas respecto a productos financieros complejos. “Y luego, otro elemento esencial es, efectivamente, el ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos”, ha remachado.
“CHATGPT PARA PYMES”
El titular de Economía ha adelantado también que el Gobierno prepara cambios para aligerar la carga burocrática de las empresas mediante el uso de la inteligencia artificial (IA) a partir de 2026.
En concreto, ha indicado que se está desarrollando un sistema similar a “un ChatGPT para pymes, o un Géminis”, que ayude a las compañías a identificar a qué ayudas públicas pueden acceder y a presentar las solicitudes de manera automatizada con datos ya precargados, “como con el IRPF cuando llega el borrador de la declaración de la renta”.
En relación con la IA, el ministro ha defendido que la regulación debe entenderse como un mecanismo de protección. Ha subrayado que es necesario encontrar “ese equilibrio” que permita no frenar la innovación, pero sí “proteger mínimamente a los usuarios” y establecer “unas reglas mínimas”.
LA VIVIENDA, EL RETO DE LA LEGISLATURA
Cuerpo ha reiterado que la vivienda constituye “claramente el reto de esta legislatura” y ha afirmado que el Gobierno está actuando sobre “todas las posibles fuentes de este problema”.
En esta línea, ha puesto en valor la reconstrucción del parque de vivienda pública para facilitar un acceso asequible, en especial en régimen de alquiler, a través de la nueva empresa estatal Casa 47. “Entre otras cosas, está gestionando los activos del Banco Malo, la Sareb, para ponerlos a disposición de los ciudadanos”, ha indicado.
El ministro ha insistido en la importancia de acometer un “esfuerzo inversor” para recuperar la oferta de vivienda de la mano del sector privado, tras más de diez años en los que la Construcción pasó “del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) al 6%”.