La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha hecho un llamado al Gobierno de España para que mantenga una «defensa férrea» de la estructura «tradicional» de la Política Agraria Común (PAC) en respuesta al nuevo marco financiero sugerido por la Comisión Europea, que «choca frontalmente» con la agricultura profesional de la región y es rechazado tanto por la Junta como por las organizaciones profesionales agrícolas.
Este posicionamiento fue expresado por González Corral después del Consejo Agrario de Castilla y León, que tuvo lugar de forma «urgente» este martes, 22 de julio, con el fin de presentar de manera «sólida, rotunda y unificada» la posición regional sobre la nueva PAC, ya que se opone «frontalmente» a las modificaciones propuestas recientemente.
La propuesta de reducir el presupuesto de 386.000 millones de euros de la PAC actual a menos de 294.000 millones es uno de los aspectos que genera «discrepancia» entre la Junta y las entidades agrarias. «Es un recorte inadmisible», subrayó González Corral, enfatizando que la propuesta también elimina los «dos pilares» existentes, el Feaga y el Feader, para reemplazarlos por un «único sobre».
Además, alertó sobre un cambio que dejaría «gran parte de algunas ayudas en manos de los Estados miembro», poniendo en riesgo la «igualdad de condiciones». También destacó su preocupación por el principio de degresividad propuesto, que «choca frontalmente con la agricultora profesional de Castilla y León». «Esto supone un retroceso», declaró, solicitando una reunión «urgente» con el ministro Luis Planas y otras autonomías para discutir estos temas.
Durante el debate sobre la futura PAC en las instituciones europeas en los próximos dos años, ha pedido a europarlamentarios, gobiernos y Estados miembros que «defiendan» una PAC «justa». Informó que ha estado en contacto con eurodiputados del PP y que utilizará su posición como representante de las comunidades autónomas en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE durante el segundo semestre del año para influir en los «primeros debates de la futura PAC».
Por otro lado, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo entre representantes de las organizaciones y de la Consejería a través de la Dirección General de la PAC para analizar «pormenorizadamente» los documentos y futuros debates, buscando un presupuesto «fuerte» y «sólido».
UN «FRENTE COMÚN»
Las organizaciones profesionales agrarias han reiterado su «rechazo frontal» a la nueva propuesta de la PAC, promoviendo «unidad» a nivel autonómico y nacional. Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, ha mencionado que la reducción presupuestaria significaría una pérdida de 265 millones de euros para la región, cifra que alcanzaría los 460 millones considerando la inflación, y ha instado a «movilizar» a los gobiernos europeos y europarlamentarios para modificar la propuesta por una «profesional, productiva y libre».
Representando a UPA-COAG, Aurelio González ha expresado preocupación por un cambio que simbolizaría «quitar tractores y poner tanques» y ha enfatizado la necesidad de formar «un frente común» no solo entre la Consejería y las organizaciones, sino también con el ministro, para persuadir a otros países. Espera que el Parlamento Europeo muestre «un poco de sensibilidad» ante la propuesta, que está «insuficientemente redactada».
«Esta propuesta no tiene ni una sola cosa positiva. Es la antesala del desmantelamiento de la PAC», ha manifestado Jesús Manuel González Palacín, presidente de la Unón de Campesinos de Castilla y León (UCCL), quien ha pedido una estrategia «clara» que incluya «buscar alianzas» y como «prioridades», un aumento del presupuesto, directividad en las ayudas y reducción de burocracia, además de exigir la implementación de cláusulas espejo.