Desde Morningstar DBRS se considera que, dada la situación actual de crecimiento económico y la fortaleza del mercado laboral, el mercado de los créditos improductivos (NPL, por sus siglas en inglés) debería conservar su rentabilidad, aunque se advierte que estos activos «siguen siendo vulnerables».
En un análisis reciente, la firma examina cómo las quiebras y ejecuciones hipotecarias afectan al sector de gestión de NPL y la recuperación de deudas. Destacan que el número de ejecuciones hipotecarias en España ha sido extremadamente bajo en años recientes, marcando un «indicio de crecimiento» para 2025. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los procedimientos de ejecución iniciados en 2023 fueron los más bajos en diez años.
«El descenso de los últimos años fue consecuencia de una combinación de factores, como las moratorias ‘postpandemias’ y las modificaciones de préstamos que ofrecieron los bancos a prestatarios en dificultades (a menudo incentivadas por medidas gubernamentales», como la actualización a finales de 2022 del Código de Buenas Prácticas.
Para 2024, las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 5% respecto al año anterior, y en el primer trimestre de 2025, el incremento fue del 3% en comparación interanual. La mayoría de estos procedimientos implicaron a individuos más que a empresas.
Ante este panorama de mínimos históricos en ejecuciones, se podría esperar una resolución más ágil, aunque los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran que la duración media de las ejecuciones en España se ha estabilizado en una media de 39,7 meses en 2023, reflejando «la complejidad procesal y los retrasos».
«Mantener la duración de las ejecuciones hipotecarias en máximos históricos durante un período de poco volumen de casos puede ser un riesgo si los casos comienzan a aumentar en el futuro», se añade en el informe.
INSOLVENCIAS
Respecto a las insolvencias, DBRS menciona que las quiebras empresariales han permanecido «relativamente estables» desde 2021, mientras que las personales han visto un «aumento exponencial» desde finales de 2022, impulsadas por una «profunda reforma» de la Ley Concursal que facilitó el acceso al mecanismo de segunda oportunidad.
«En consecuencia, el número de concursos de acreedores iniciados por particulares ha aumentado drásticamente, siendo en 2024 diez veces superior al de 2020», detallan desde la firma.
Se señala además que muchas de estas insolvencias afectan a autónomos o consumidores con pocos activos. «Una gran proporción de los casos individuales recientes son las denominadas insolvencias sin activos», procedimientos que generalmente terminan en liquidación con una recuperación mínima o nula.
«En la mayoría de los casos, estas insolvencias sin activos se cierran poco después de la presentación, concediendo la exoneración de la deuda residual. Este tipo de insolvencia permite a los deudores evadir la deuda, pero para los acreedores suele significar la ausencia total de recuperación», se explica en el documento.
Finalmente, los analistas de DBRS concluyen que en el actual contexto de expansión económica gradual y control del desempleo, la rentabilidad de los NPL debería no verse «demasiado afectada», aunque se sigue advirtiendo sobre la vulnerabilidad de estos activos.
Un escenario con riesgos a la baja –que la firma considera improbable– que incluya un nuevo endurecimiento monetario, ‘shocks’ en el desempleo o caídas en el valor de los inmuebles, podría incrementar las ejecuciones y «muy probablemente» colapsar los sistemas judiciales, prolongando los plazos de ejecución y afectando la rentabilidad de los NPLs.