El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha señalado que no ve motivos de inquietud ante una eventual denuncia de Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a la filial europea de General Dynamics. La compañía ha manifestado su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en caso de que el Ministerio de Defensa rechace el recurso de alzada que presentó contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas integrada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
“A nosotros no nos ha denunciado. Entonces, no tengo que estar preocupado”, ha indicado De los Mozos durante un encuentro con periodistas en el Mobile World Congress (MWC), que se celebra desde este lunes en Barcelona.
En la misma línea, el presidente de Indra, Ángel Escribano, ha subrayado que cada compañía es “muy libre” de fijar su estrategia y adoptar sus decisiones. “La Justicia esta ahí y está para todo el que la quiera usar”, ha remarcado.
Según explicaron a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento, el departamento encabezado por Margarita Robles dispone de plazo hasta el 22 de abril para pronunciarse sobre el recurso de alzada. Este trámite es imprescindible para agotar la vía administrativa antes de poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria, en este caso la Audiencia Nacional.
Paralelamente, la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio decidió no aplicar medidas cautelares para paralizar las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E de los contratos de suministro de los programas especiales de modernización (PEM) de Defensa “ATP Ruedas” y “TP Cadenas”. El organismo deberá resolver, como ya se ha señalado, antes del 22 de abril el recurso interpuesto por Santa Bárbara contra dichas adjudicaciones.
El recurso de Santa Bárbara continúa su curso
Tal y como recoge la propia resolución de Defensa, la negativa a suspender cautelarmente las adjudicaciones “no prejuzga en modo alguno el examen de fondo del recurso de alzada presentado por Santa Bárbara solicitando la nulidad de las adjudicaciones”.
La decisión final del Ministerio se adoptará tras analizar los argumentos de todas las partes implicadas y, en particular, la posición de Santa Bárbara, y podrá ser revisada posteriormente por los tribunales contencioso-administrativos.
De este modo, el recurso de Santa Bárbara prosigue su tramitación con independencia de la resolución de Defensa sobre las medidas cautelares.
La empresa presentó el pasado 22 de enero un recurso de alzada contra las resoluciones que otorgaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, destinados a la compra de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas por un importe global superior a 7.000 millones de euros. Al mismo tiempo, Santa Bárbara solicitó como medida cautelar la suspensión de las adjudicaciones mientras se resolvía el recurso.
Capacidades de Santa Bárbara y defensa de sus derechos
En relación con este punto, las mismas fuentes destacaron que Santa Bárbara es una compañía con “probada capacidad técnica y experiencia contrastada en el sector de la Defensa”, por lo que, a su juicio, su propuesta para ejecutar los PEM debía haberse valorado. Subrayaron que las adjudicaciones a Indra y EM&E se realizaron sin concurrencia ni publicidad, pese a no contar con “experiencia y recursos comparables a los de Santa Bárbara”.
Por este motivo, dichas fuentes consideraron “más razonable suspender” la adjudicación de los contratos para evitar eventuales indemnizaciones futuras si el recurso fuera estimado en cuanto al fondo.
En cualquier caso, insistieron en que Santa Bárbara mantiene su “plena confianza en la solidez de sus argumentos”, incluidos los relativos a las medidas cautelares desestimadas, que pretendían, entre otros aspectos, impedir los perjuicios económicos que, según el Ministerio, podrían compensarse si el recurso prospera.
La compañía ha reiterado que continuará defendiendo sus “derechos e intereses legítimos, acudiendo a todas las instancias necesarias”.
Asimismo, Santa Bárbara confía en que la Administración adoptará las decisiones oportunas para evitar “los daños irreparables” que, a su entender, podría ocasionar la no suspensión cautelar de las adjudicaciones para la empresa, su plantilla, el tejido industrial de Defensa y la propia Administración Pública, “ya que la adjudicación de los contratos sin publicidad y concurrencia ha impedido a la propia Administración la selección de una oferta idónea y más ventajosa”.
Otro frente judicial por los préstamos a la UTE
Por último, esta controversia se circunscribe únicamente al recurso de alzada contra las adjudicaciones presentado ante Defensa y no afecta al recurso contencioso-administrativo planteado ante el Tribunal Supremo contra los préstamos de 3.000 millones de euros, a un interés del 0%, concedidos a la UTE entre Indra y EM&E para la prefinanciación de los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno. Este segundo procedimiento sigue pendiente tanto de la resolución sobre las medidas cautelares como del fallo sobre el fondo del recurso.