El Ministerio de Defensa ha rechazado el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a la filial europea de General Dynamics, contra la adjudicación de los programas de artillería a la unión temporal de empresas formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
Los contratos cuestionados corresponden a los programas de Artillería de Tubo Autopropulsada (ATP) "Ruedas" y "Cadenas" incluidos en los Programas Especiales de Modernización (PEM), con un importe global que supera los 7.000 millones de euros. En la resolución se acuerda la desestimación total de todas las alegaciones planteadas por la compañía.
"Se concluye que el procedimiento de contratación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente", ha señalado el departamento dirigido por Margarita Robles en un comunicado este jueves.
Defensa invoca la seguridad nacional y niega el acceso al expediente
El Ministerio subraya que, en la contratación ligada a la Defensa Nacional, "las decisiones de adjudicación deben atender a la protección de los intereses esenciales de seguridad, a la garantía del suministro, a la autonomía estratégica y a la disponibilidad operativa de las capacidades militares, aspectos todos ellos debidamente valorados por la Administración conforme al marco jurídico aplicable en España y la Unión Europea".
En la misma resolución se rechaza también la petición de Santa Bárbara de acceder al expediente de contratación, solicitada en varias ocasiones, "al no concurrir los presupuestos legales que justifiquen dicho acceso, en línea con las resoluciones del Tribunal Supremo".
"En consecuencia, se confirma la validez de las adjudicaciones realizadas a favor de las citadas UTEs, manteniéndose plenamente eficaces los actos administrativos impugnados", concluye el comunicado, que añade que con esta decisión se "refuerza la seguridad jurídica del proceso y se avala la actuación de la Administración en un ámbito de especial relevancia para la defensa y la industria nacional".
Vía abierta a la Audiencia Nacional y reacción de Santa Bárbara
El Ministerio disponía de plazo hasta el 22 de abril para pronunciarse sobre este recurso de alzada, trámite imprescindible para agotar la vía administrativa antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en este caso la Audiencia Nacional (AN).
Santa Bárbara ya había avanzado a finales de febrero su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la AN si Defensa rechazaba el recurso de alzada.
La empresa formuló el pasado 22 de enero dicho recurso contra las resoluciones que otorgaron a las UTE de Indra y EM&E los contratos de suministro de los PEM, destinados a la compra de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas. Al mismo tiempo, solicitó como medida cautelar la suspensión de las adjudicaciones mientras se resolvía el recurso, petición que también fue denegada por el departamento que encabeza Robles.
De su parte, Santa Bárbara ha indicado que "no tiene notificación ni constancia de resolución alguna, ni en sentido positivo ni negativo", del Ministerio de Defensa.
"No obstante, la presentación de este recurso de alzada era un paso previo indispensable para agotar la vía administrativa", ha manifestado, señalando que "tan pronto como tenga conocimiento de la resolución podrá hacer una valoración al respecto y confirmar los próximos pasos".
Finalmente, la compañía ha reiterado "su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de España en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios".