El Defensor del Pueblo ha emprendido 30 acciones de oficio hacia el Ministerio de Vivienda, las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de los diez municipios más grandes de España. El propósito es averiguar las estrategias públicas implementadas para asegurar el acceso de los ciudadanos a una vivienda «digna y adecuada».
En una declaración reciente, el Defensor ha pedido información al Ministerio de Vivienda, a las comunidades autónomas, y a los ayuntamientos de ciudades como Madrid y Barcelona, entre otros, acerca de las iniciativas o planes en marcha o futuros para facilitar el derecho a viviendas protegidas y accesibles, así como para aumentar el número de viviendas públicas.
Se ha solicitado también detalles específicos sobre el inventario de viviendas protegidas y accesibles, la cantidad de individuos esperando asignación de estas viviendas, y las políticas para ampliar el parque de viviendas bajo algún régimen de protección. Además, se indaga sobre las zonas de mercado residencial tensionado y las regulaciones de viviendas para alquiler turístico, así como medidas para asistir en el pago de alquileres.
El Defensor ha interrogado al Ministerio sobre los detalles del próximo plan estatal de vivienda, los avances en la creación de una empresa pública de vivienda, y la ejecución de planes y programas de construcción de vivienda. Se busca información sobre cualquier otro mecanismo que se implementará para garantizar el acceso a vivienda protegida y accesible.
El Defensor del Pueblo enfatiza que el acceso a vivienda asequible es una necesidad fundamental y un derecho constitucional que los poderes públicos deben concretar, promoviendo las condiciones adecuadas y las normas necesarias.
«El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas, como el bono de alquiler joven, y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública. Parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, que deben sujetarse a un régimen de protección permanente, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil», declara el organismo.
El Defensor del Pueblo señala que España se sitúa «negativamente» en el contexto europeo por su limitado parque de vivienda social, que era solo del 3,3% en 2024, comparado con el 30% en Países Bajos y el 17% en Francia, con una media europea del 10%.
Las dificultades para acceder a una vivienda se extienden por casi todas las regiones, intensificándose en áreas con alta población y turismo, y afectando principalmente a jóvenes y personas con ingresos reducidos, pero también a trabajadores desplazados y familias con ingresos medios.
«Esto profundiza la desigualdad entre los ciudadanos y afecta su bienestar, desarrollo personal y el disfrute de otros derechos», advierte la institución.