La reducción del déficit de la Seguridad Social al 0,4% del PIB en 2025, anunciada la pasada semana por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, parece un hito histórico. Sin embargo, diversos expertos advierten que este dato es, en gran medida, un espejismo contable, que se basa en un retoque de las cuentas que oculta la verdadera magnitud del déficit estructural del sistema, sostenido por transferencias crecientes del Estado y un endeudamiento adicional. En otras palabras, la “mejora” no refleja una consolidación fiscal real, sino un ajuste que traslada los problemas financieros a otra caja y a los contribuyentes.
Una mejora cuestionada por los expertos
El doctor y profesor de Economía en la Universidad Hespérides, Santiago Calvo, explica que “el déficit oficial suena bien, pero no deja de ser contabilidad creativa”. Desde 2005, las prestaciones contributivas han aumentado un 94% en términos reales, frente a un aumento del 35% en las cotizaciones, dejando patente un desequilibrio estructural. Según Calvo, el déficit baja porque el Estado lo tapa con transferencias de 53.000 millones y préstamos adicionales, pero “eso no es sostenibilidad: es simplemente mover el problema de una caja a otra”. La deuda de la Seguridad Social ha alcanzado el 8,1% del PIB, un récord histórico.
Para el economista, analista financiero y profesor universitario, Javier Santacruz, “las cuentas de la Seguridad Social dejaron de mostrar la realidad hace años”. Destaca que aproximadamente el 20% de los ingresos del sistema procede de transferencias del Tesoro, lo que convierte cualquier cierre de déficit —o incluso superávit— en un espejismo contable. En 2025, al déficit publicado habría que sumar 47.815 millones de euros en transferencias y otros 10.000 millones adicionales obtenidos mediante endeudamiento dentro de la propia caja de la Seguridad Social.
José Enrique Devesa, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, sostiene por su parte, que le parece bien que se informe del déficit de la Seguridad Social, unos 7.400 millones de euros, pero el Ministerio de Seguridad Social tendría que matizar, que "es una cifra muy retocada, porque no recoge la realidad de lo que está pasando en el sistema y podría crear falsas expectativas".
"Si tenemos en cuenta la parte contributiva del sistema -apunta el actuario de Seguros por la Universidad Complutense- entonces el déficit subiría hasta 30.000 millones de euros, es decir, cuatro veces el dato que se ofrece. Ya que -remata el coordinador técnico del Grupo de Investigación en Pensiones Públicas del Instituto de Actuarios Españoles- el déficit contributivo refleja de una manera más fidedigna lo que está ocurriendo en el sistema, eliminando los ajustes contables que se realizan para llegar a la cifra que ofrece el ministerio".
El uso de cifras agragedas
Rafael Pampillón, Catedrático de Economía en IE Business School y en la Universidad CEU San Pablo, mantiene que la mejora del déficit responde a factores coyunturales, como el aumento del empleo en sectores de baja productividad. “Celebrar estos datos sin matices puede generar una falsa sensación de sostenibilidad”, afirma. Además, recuerda que el sistema sigue enfrentando presiones significativas a medio y largo plazo, derivadas del envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la próxima jubilación de la generación del baby boom. El aumento de cotizaciones también supone mayores costes para las empresas y riesgos sobre la competitividad. Pampillón destaca que las transferencias estatales alivian temporalmente las cuentas, pero no corrigen el desequilibrio estructural del sistema.
José María Rotellar, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, advierte que el déficit público del 2,18% del PIB en 2025 refleja un “patrón recurrente” de política fiscal: el uso de cifras agregadas para construir un relato de consolidación que resulta “profundamente engañoso” al analizarse con rigor. Según él, la aparente mejora responde a factores coyunturales como la inflación y el aumento del gasto, no a una mejora estructural real.
El ingeniero industrial Jon González también aporta cifras: según su cálculo, el déficit contributivo real alcanza 63.907 millones de euros, muy por encima del déficit contable publicado del 0,4% del PIB.
El economista José Carlos Díez coincide en que los datos oficiales “son de sobra maquillaje”. Según él, los gastos superan en 50.000 millones de euros los ingresos de la caja y aproximadamente un 25% del gasto en pensiones se financia con deuda pública. Si se calculara correctamente el déficit desde 2008, advierte Díez, la deuda de la Seguridad Social no estaría en el 8% del PIB, sino cerca del 50%. Su análisis refuerza la idea de que la reducción del déficit publicado no refleja la situación real ni la sostenibilidad del sistema.
Inflación y aumento de ingresos
En su valoración, el Gobierno destaca una reducción del déficit de 8.811 millones de euros. Sin embargo, este dato -sostienen los expertos economistas consultados por Demócrata- pierde relevancia frente al aumento de los ingresos públicos, que crecieron en 30.622 millones de euros. Este incremento está estrechamente vinculado a la inflación, que actúa como un “impuesto encubierto”. Al no deflactarse los tramos del IRPF, los contribuyentes pagan más impuestos simplemente por el efecto nominal de la subida de precios, sin que ello suponga una mejora real de su capacidad económica.
En líneas generales, los expertos también coinciden en que la reducción del déficit es un espejismo contable. Santiago Calvo, Javier Santacruz, Enrique Devesa, Rafael Pampillón, José María Rotellar y José Carlos Díez advierten que el aumento de transferencias y endeudamiento permite contener temporalmente el déficit, pero no resuelve el desequilibrio estructural del sistema ni garantiza su sostenibilidad a largo plazo; razón por la que demandan mayor transparencia y reformas estructurales, frente a un escenario marcado por el envejecimiento de la población, la jubilación del baby boom y el aumento sostenido del gasto en pensiones, para que el “retoque de las cuentas” no siga ocultando la verdadera situación financiera de la Seguridad Social.