La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió este viernes el informe del Comité de Expertos sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y sostuvo que el SMI se “blindará” para garantizar que el incremento sea “real” y preserve el poder adquisitivo de quienes lo perciben.
Según explicó la titular de Trabajo, cobrar hoy esta renta mínima “no es sinónimo de pobreza ni exclusión social”, después de que en los últimos siete años el SMI haya aumentado hasta suponer 400 euros más al mes y 6.000 euros adicionales al año.
Durante el acto de entrega del documento, los expertos plantearon elevar el SMI el próximo año en casi 37 euros mensuales, hasta situarlo en 1.221 euros al mes en catorce pagas, en el caso de que continúe exento de tributación. Como alternativa, proponen una subida cercana a 56 euros al mes, hasta los 1.240 euros, si finalmente se decide que tribute por IRPF.
En términos porcentuales, estos escenarios suponen un alza del 3,1% si se mantiene sin tributación y del 4,7% si pasa a tributar, niveles que, de acuerdo con el Comité, permitirían que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio, en línea con lo fijado en la Carta Social Europea.
Díaz adelantó que el Ministerio de Trabajo convocará “ya” la mesa de diálogo social para abrir la negociación con sindicatos y patronal sobre la nueva cuantía de esta renta mínima, un encuentro que, según fuentes del departamento, se prevé celebrar la próxima semana.
Además, insistió en que el Gobierno de España respalda las conclusiones del informe y que el salario mínimo se incrementará para que continúe representando el 60% del salario medio neto.
La relatora de la comisión de expertos, la profesora Begoña Cueto, repasó de forma sintética los resultados recogidos en el informe entregado a Díaz sobre el impacto de las sucesivas subidas del SMI en el empleo y en variables como la desigualdad y la pobreza. En este último ámbito, subrayó que “por primera vez, un salario mínimo es suficiente para estar fuera del umbral de pobreza”.
De acuerdo con los datos expuestos por Cueto, la proporción de asalariados que cobran el salario mínimo se sitúa ahora en una horquilla de entre el 7% y el 10%, con un perfil cada vez más diverso. “Ya no son sólo jóvenes o no son sólo personas sin experiencia laboral. Predominan en empresas pequeñas y en ciertas actividades vinculadas al sector agrario o a ciertas actividades del sector servicios”, señaló.
En lo relativo al empleo, la relatora indicó que el efecto negativo de las subidas del SMI ha sido “muy pequeño”, pese a que el incremento acumulado desde 2019 “ha sido importante”.
Transposición de la directiva europea y fin de la absorción de pluses
Paralelamente a la nueva subida, la ministra recordó que su departamento está tramitando la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos, con el objetivo de impedir que los complementos salariales se vean absorbidos por el aumento del SMI.
“Esto está pasando. El resultado es que esa persona no gana lo que debe, su vida no mejora, los esfuerzos que estamos haciendo se disminuyen”, denunció Díaz, quien recalcó que “esto no puede seguir pasando en España”.
Por este motivo, explicó que ya se ha sometido a información pública el Real Decreto para incorporar la directiva europea, que incluye la prohibición de la absorción de pluses por el SMI.
“Subir el SMI debe mejorar la vida de la gente, no sustituir los derechos que ya existían. Esto lo vamos a hacer, corregir esto en una norma, lo vamos a blindar legalmente”, afirmó.
Preguntada sobre si espera que la CEOE se sume esta vez al pacto para elevar el SMI, Díaz remarcó que “no se resigna” a que la patronal quede fuera del acuerdo, aunque considera que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, está más centrado en su campaña para la reelección dentro de la organización empresarial que en sus funciones institucionales.