QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra la Generalitat valenciana, a la que responsabiliza de haber dejado sin efecto varias actas de sanción emitidas por la Inspección de Trabajo durante la dana, entre ellas una vinculada al fallecimiento de un trabajador en pleno temporal.
La dirigente de Sumar ha realizado este anuncio en el Pleno del Congreso, durante una interpelación planteada por el PP, al aludir al caso de un empleado de una Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del mantenimiento de carreteras, cuya familia sostiene que fue obligado a trabajar con “alerta roja” activada y fuera de su horario ordinario.
Díaz ha relatado la situación de este trabajador de la UTE que, tal y como detalló su madre al diario “Las Provincias”, perdió la vida el 29 de octubre de 2024, el día de la “trágica dana”, cuando regresaba en furgoneta a su casa en la Canyada y fue arrastrado por una riada a la altura de Chiva.
De acuerdo con ese testimonio, que la vicepresidenta ha leído desde la tribuna del hemiciclo, la víctima, oficial de primera en conservación de carreteras, debía haber concluido su jornada en las oficinas del Rebollar, pero, pese a la fuerte alerta meteorológica, fue enviada a atender una emergencia en Siete Aguas. La familia, según recoge el mismo periódico, ha presentado una querella por el fallecimiento del trabajador.
“La empresa concesionaria le obligó a trabajar en plena alerta roja, fuera de su horario (…). Murió volviendo a su casa porque alguien decidió que la productividad estaba por encima de su integridad, de su vida”, ha manifestado con dureza la también titular de Trabajo, manteniendo la literalidad de la declaración.
En su intervención, Díaz ha reprochado al PP que el Ejecutivo autonómico presidido por Carlos Mazón y el PP de Valencia dejaran sin efecto sanciones a empresas pese a que la Inspección de Trabajo había levantado actas por lo ocurrido durante el temporal. “Ya les anuncio que vamos a ir a la Fiscalía, por mucho que hayan revocado esa acta de Inspección”, ha concluido la ministra, avanzando que el Gobierno central llevará el asunto a la vía judicial.
