La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado este lunes que la economía social se encuentra "en una situación extraordinariamente positiva".
Lo ha manifestado durante el acto en el que se ha oficializado la designación de Mataró (Barcelona) como capital española de la economía social 2026, en un evento en el que ha estado acompañada por la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero; el alcalde de Mataró, David Bote; la alcaldesa de Rubí (Barcelona), Ana María Martínez, y el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEEES), Juan Antonio Pedreño.
Díaz ha remarcado que se está impulsando un "tejido productivo propio basado en fórmulas democráticas, cohesionadas", fundamentado en valores como la solidaridad, el humanismo, el feminismo y el arraigo territorial.
Ha señalado asimismo que el Ejecutivo central ha destinado más de 2.500 millones de euros a un plan estratégico específico para este tipo de economía.
La vicepresidenta ha aludido al informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta, en el que se sostiene que la economía social "no puede ser periférica en el mercado interior europeo" y que debe contar con un carril preferente de financiación.
Además, ha recordado que este mismo lunes presentará, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la Red de Jóvenes por la Economía Social, concebida para "hacer cotidiano lo que hoy todavía no es cotidiano" y acercar este modelo económico a las nuevas generaciones.
Romero reivindica la economía social ante el crecimiento del PIB catalán
Romero ha hecho referencia a los datos publicados este lunes sobre la evolución del producto interior bruto (PIB) catalán en 2025, que reflejan un incremento interanual del 2,7%, y que, según ha afirmado, indican que "la economía va bien y la economía crece".
Sin embargo, ha lamentado que las familias "no están notando" esta mejora, lo que a su juicio evidencia que las administraciones no están acertando con las políticas públicas, y ha defendido que la economía social constituye una de las líneas de actuación que deben reforzarse.
La consellera ha resaltado que este modelo económico se caracteriza por una gobernanza más democrática, lo que se traduce en "más estabilidad, más compromiso con los trabajadores y un arraigo claro en el territorio".
Ha añadido que el Institut Català de Finances (ICF) destina entre el 40% y el 50% de su actividad a iniciativas de economía social, que en 2025 supusieron 500 millones de euros.
Arraigo, vocación de permanencia y empleo estable
Bote ha puesto el foco en el arraigo como una de las grandes fortalezas de la economía social, resaltando que la riqueza que genera revierte de "manera muy local" y reclamando que las administraciones públicas respalden y acompañen este tipo de proyectos económicos.
Martínez ha defendido que "la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés", lo que, ha dicho, exige planificar a largo plazo y situar a las personas en el centro de las decisiones.
Por su parte, Pedreño ha destacado que las empresas de economía social no tienen "mirada cortoplacista" y aspiran a perdurar en el tiempo, subrayando también su resiliencia, capacidad y flexibilidad para preservar el empleo.