La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que en unos 15 días el diálogo social pondrá en marcha las negociaciones para abordar las reformas necesarias con el fin de introducir la democracia en las empresas “por primera vez” desde la entrada en vigor de la Constitución Española.
“Dieciocho Estados miembros tienen fórmulas de co-decisión, de voz y de participación en el modelo productivo europeo y es España realmente, la anomalía en la ubicación de la participación de la gente trabajadora en el seno de los lugares donde se toman las decisiones importantes en las empresas”, ha expuesto Díaz en rueda de prensa tras llevar el informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo a Consejo de Ministros.
El Ministerio de Trabajo pretende activar el artículo 129,2 de la Constitución Española para garantizar que las personas trabajadoras tengan voz en las decisiones empresariales y puedan participar en la propiedad, para lo cual la ministra ya ha adelantado que promoverá una nueva ley.
El informe, presentado a comienzos de febrero por el grupo de expertos que asesora a Díaz, propone que los trabajadores ocupen un tercio de los asientos en los consejos de administración de las compañías de entre 50 y 1.000 empleados y que lleguen a la mitad de los puestos en aquellas con más de 1.000 personas en plantilla.
Para reforzar la presencia de los trabajadores en el capital, el documento plantea fijar umbrales mínimos con la obligación legal de abrir al menos un 2% del capital a la propiedad de los trabajadores y elevar ese mínimo hasta el 10% en las grandes corporaciones.
“No queremos con este proyecto de país cooperativizar las empresas mercantiles, lo que queremos es democratizar las empresas mercantiles y dar un paso adelante”, ha expuesto Díaz en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La ministra de Trabajo ha subrayado que el 10% más acaudalado concentra el 86% de los fondos empresariales. “Es un modelo, en términos democráticos, profundamente injusto. Lo que pretendemos es la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de época”.
En este contexto, Díaz ha advertido de que en una década se perderá un tercio del tejido productivo de pymes y autónomos y que, con esta reforma, se aspira a transferir la propiedad de las empresas a las personas trabajadoras para evitar la desaparición de ese entramado productivo “clave” para España.
Asimismo, ha indicado que el informe aborda los “retos de época” como son la emergencia climática, la inteligencia artificial y la generativa, para lo que se plantea que los comités de empresa formen parte del diseño de la estrategia, de la deliberación y de la negociación colectiva con un comité asesor específico para esta materia, así como otras cuestiones en relación a los derechos humanos, ambientales y democráticos.
“Incorporamos también algo que es muy importante para las economías sólidas y robustas, que son los fondos ciudadanos. En definitiva, algo que se está debatiendo en Europa, que es que podamos salvar empresas a través de la gente trabajadora, de los vecinos afectados o de los lugares en los que corran riesgos de deslocalizar estas empresas. Creo que esto es absolutamente necesario en España, va de democracia”, ha concluido.
Índice de democracia corporativa y sistema de recompensas
La Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo ha diseñado un sistema para medir el nivel de democracia en el ámbito laboral mediante un índice de desarrollo democrático corporativo, apoyado en dos escalas que valoran el acceso a la voz y a la propiedad de las personas trabajadoras en las compañías.
De este modo, cada empresa obtendrá una puntuación en ambas escalas (voz y propiedad) y esa calificación funcionará como mecanismo de incentivos “tipos bonus/malus” destinado a premiar los niveles más altos de acceso y a desincentivar los más bajos.
Así, según se recoge en la propuesta, las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza podrían ser recompensadas con tipos impositivos reducidos y prioridad en la contratación pública. Por contra, las empresas que mantengan modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costes que actualmente externalizan a los poderes públicos.
“A nivel empresarial, las empresas avanzarán a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresará de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales”, ha añadido.
Los expertos plantean también, entre otros puntos, reforzar la normativa de los comités de empresa, especialmente en lo relativo a los derechos de información y consulta, reconocer un nuevo derecho de estos comités a configurar y autorizar el uso de la Inteligencia Artificial (IA), incorporar a las personas trabajadoras en los consejos de administración con umbrales legales mínimos ligados al tamaño de la plantilla y establecer nuevos mínimos para el acceso de los trabajadores a la propiedad.