La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que desde su departamento promoverán una nueva norma destinada a reforzar la participación de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las empresas, fijando umbrales legales mínimos en función del tamaño de la plantilla.
“Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”, ha subrayado Díaz este lunes durante el acto de recepción del Informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.
El documento concluye que el modelo de gobernanza corporativa predominante en la economía española no ha materializado las dos promesas recogidas en el artículo 129.2 de la Constitución española.
Dicho precepto constitucional establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
En este contexto, la titular de Trabajo ha señalado que, en cumplimiento tanto del acuerdo del Gobierno de coalición como del mandato constitucional, su ministerio presentará una propuesta legislativa para desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución y alumbrar la primera ley que ordene la democratización de las empresas en España. Este proceso se encuadrará en el diálogo social con patronal y sindicatos, para lo cual se constituirá una mesa específica de negociación.
España, a la cola de Europa en participación laboral
Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, ha señalado que España figura entre los países con un menor grado de reconocimiento de las personas trabajadoras en la empresa. Aunque existen comités de empresa y representación sindical, ha indicado que los derechos de representación de los trabajadores son muy restringidos y no garantizan una participación real en las decisiones estratégicas.
“Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores y trabajadoras en empresas del sector público y a menudo también privado a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y aquí España se sitúa a la cola del tren europeo”, ha resaltado.
Entre las recomendaciones, el grupo de expertos plantea reforzar la regulación de los comités de empresa, especialmente en lo relativo a los derechos de información y consulta; reconocer un nuevo derecho de estos comités a configurar y autorizar el uso de la Inteligencia Artificial (IA); incorporar a las personas trabajadoras en los consejos de administración mediante umbrales legales mínimos ligados al volumen de plantilla; y fijar nuevos mínimos para facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad.
Un índice para medir la democracia en el trabajo
El equipo de especialistas propone además un sistema para medir el nivel de democracia en el ámbito laboral a través de un índice de desarrollo democrático corporativo, sustentado en dos escalas que valoran el acceso de los trabajadores a la voz y a la propiedad dentro de las compañías.
Cada empresa obtendría así una puntuación diferenciada en ambas escalas (voz y propiedad), y esa calificación condicionaría su posición en las escalas del Ministerio de Trabajo relativas al acceso a la contratación pública.
“A nivel empresarial, las empresas avanzaran a una trayectoria de democratización, con voz y propiedad. En pocos años los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos vinculados con una adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En 10 años, la economía española progresara de forma duradera en el cumplimiento de las promesas constitucionales”, ha añadido.
La ministra de Trabajo ha sostenido que este informe permite dar un impulso a una reforma largamente pendiente en el tejido empresarial y ha apelado a los constitucionalistas españoles a que acojan el documento “con cariño”, al considerar inasumible que se continúe gobernando las empresas sin el consentimiento de quienes trabajan en ellas.
(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))