QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha enfatizado su rechazo a ampliar el periodo de operación de las plantas nucleares, una medida que considera contraproducente para los esfuerzos de transición ecológica del ejecutivo.
Aumentar la extensión de la vida útil de las nucleares camina en dirección contraria al proyecto de transición ecológica del Gobierno de España y del despliegue de energías renovables. Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo, declaró Díaz a través de Bluesky.
Desde su equipo, se ha subrayado la inconveniencia de reabrir debates sobre la energía nuclear frente a la necesidad de avanzar hacia una transición ecológica equitativa. Tras el apagón del 28 de abril, destacaron que la energía nuclear no ofrece la ‘flexibilidad’ necesaria y no soluciona los problemas actuales.
Además, prolongar la operatividad de estas centrales limitaría el espacio para el necesario avance en energías renovables, recordando que España es líder en la transición energética, lo que ha traído beneficios económicos y generación de empleo.
El alargamiento del calendario de cierre también iría en contra de los compromisos con inversores en renovables y agravaría el problema del almacenamiento de residuos nucleares. Por todo ello, y en cumplimiento del acuerdo de Gobierno de coalición, la Vicepresidencia segunda recuerda que el calendario actual de cierre debe mantenerse tal y como se acordó.
En junio, Endesa e Iberdrola solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica una extensión de la operatividad nuclear, a lo que la ministra Sara Aagesen respondió considerando una revisión bajo ciertas condiciones. Según fuentes ministeriales, estas condiciones incluyen la seguridad de las personas, el aseguramiento del suministro y que no incremente los costos para los ciudadanos.
El Ministerio ha interpretado la carta de las eléctricas como una intención más que una solicitud formal, que busca cambiar el marco normativo actual en detrimento de los consumidores. Por ello, considera que el planteamiento de las dos empresas no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal.
