La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el Ejecutivo tiene ya listas diversas actuaciones para amortiguar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Próximo. Entre las herramientas previstas figuran la puesta en marcha de nuevos ERTE para los trabajadores, la prohibición de efectuar despidos en las empresas afectadas, distintos paquetes de ayudas para el tejido productivo y la activación del mecanismo RED para posibilitar reducciones de jornada.
“Tenemos una panoplia de medidas que ni siquiera hay que aprobar, ya están a disposición”, ha afirmado Díaz en declaraciones a los medios desde Bruselas, subrayando que el Gobierno ya recurrió a este tipo de instrumentos en crisis anteriores y que, en esta ocasión, han vuelto a contar con el respaldo de los agentes sociales.
Según ha detallado, el Ejecutivo ha remitido a los sindicatos y a la patronal un documento donde se recopilan todos los instrumentos disponibles, con la finalidad de salvaguardar el empleo y apuntalar a los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía y de las materias primas.
“Lo que sí quiero es enviar un mensaje de tranquilidad y de serenidad a las empresas españolas y a los trabajadores, porque estamos preparados para actuar si esto fuera necesario”, ha afirmado la vicepresidenta.
Díaz ha indicado que el Gobierno sigue con cautela la evolución del contexto internacional, tras la subida del precio del petróleo y del gas registrada en los últimos días, y ha alertado de que el principal efecto podría trasladarse al coste de la energía y a una merma del poder adquisitivo de familias y empresas.
En este escenario, ha precisado que determinados sectores podrían resultar especialmente golpeados, entre ellos las industrias electrointensivas, como la química, el acero, la metalurgia o la farmacéutica, por su elevado consumo eléctrico. También ha advertido de un posible impacto en el campo por el aumento del precio de los fertilizantes.
“Vamos a intentar actuar en el impacto que genera la pérdida de poder adquisitivo”, ha señalado la ministra, que igualmente ha citado al sector agroalimentario y a ciertas industrias exportadoras como ámbitos que podrían requerir una atención específica.