La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que el Real Decreto sobre control horario que impulsa su Departamento verá la luz "aunque sea lo último que haga".
La ministra se ha pronunciado así este miércoles durante la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, al contestar a una interpelación del diputado de ERC, Jordi Salvador. El parlamentario catalán le ha reclamado que aclare qué medidas piensa adoptar para garantizar que el nuevo registro horario prospere tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, elaborado con el "boicot interno del Ministerio de Economía".
Díaz ha subrayado que la modificación del registro horario deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a España a disponer de un sistema de control "eficaz, objetivo y verificable". Por ello, ha remarcado que, pese a que Junts, PP y VOX bloquearan la reducción de la jornada a 37,5 horas, la reforma del registro horario seguirá adelante al tratarse de un compromiso del Gobierno.
La titular de Trabajo ha tildado de "muy grave" el dictamen contrario del Consejo de Estado sobre el Real Decreto de control horario, apoyado en dos informes del Ministerio de Economía y alineado, según ha denunciado, con la patronal "que incumple" en materia de jornada laboral.
"Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales", ha enfatizado Díaz, insistiendo en que la tramitación continúa y que, en consecuencia, la modificación del registro horario en España saldrá adelante.
Reforma del despido y Carta Social Europea
El representante de ERC también ha cuestionado a la ministra sobre cuándo piensa España adecuarse a la Carta Social Europea y abordar una reforma del despido para que deje de ser una opción "barata y libre".
En relación con este asunto, Yolanda Díaz ha explicado que está esperando a recibir la propuesta de las organizaciones sindicales para avanzar hacia un modelo de despido restaurativo que se ajuste a la normativa europea, ya que en España es "muy barato" despedir.
La ministra ha admitido que actualmente España está vulnerando la Carta Social Europea en lo relativo al despido y ha puesto como ejemplo que rescindir el contrato de una cajera con un año de antigüedad supone en torno a 1.400 euros, una cuantía que, a su entender, "sale gratis" pese a lo que sostienen la "derecha y la extrema derecha".