La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado que el incentivo fiscal planteado a las empresas en el marco de la negociación sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 pueda calificarse como una "ayuda fiscal" y sostiene que la propuesta "va de repartir la riqueza".
En una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press, ha explicado que "se trata de que esas licitaciones (públicas) que han existido se vean corregidas o esos pequeños autónomos que concursan y también con ese compromiso, que está esbozando Hacienda, de que saquen del salario mínimo a gente trabajadora en nuestro país".
Trabajo trasladó ayer a los agentes sociales una propuesta de incentivo fiscal dirigido a las compañías más impactadas por el aumento del SMI, condicionado a que mantengan el empleo y eleven los sueldos más bajos de sus plantillas.
Díaz ha recordado que el incremento del salario mínimo repercute directamente en los contratos públicos ya firmados, que se ven tensionados al haberse adjudicado con unas condiciones económicas que cambian cuando sube el SMI. "Lo saben muy bien las trabajadoras de la ayuda a domicilio, de los cuidados, de la agricultura, de los sectores de deportes, de un montón de sectores", ha señalado.
En esta línea, ha apuntado que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales vienen reclamando que las subidas del SMI se trasladen automáticamente a los contratos públicos mediante una reforma de la Ley de Desindexación, cuestión sobre la que "hay disonancia" con el Ministerio de Hacienda y el PSOE.
Según ha indicado, "es verdad que Hacienda no ve esta vía, ve otra vía que no tiene que ver con bonificaciones fiscales, todo lo contrario. Tiene que ver con que hay una diferencia salarial, como dijimos, del 25% con Europa y lo que le pedimos a los empresarios es que hagan el esfuerzo de sacar del salario mínimo a un porcentaje importante de la gente trabajadora en sus empresas".
Por ello, la ministra insiste en que el planteamiento del Gobierno no constituye una "bonificación fiscal" clásica, sino que está supeditado a que las empresas asuman el compromiso de elevar a sus empleados por encima del SMI y garantizar el mantenimiento de las plantillas.