La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantendrá este miércoles un encuentro con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae con el fin de analizar el plan de medidas urgentes que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo viernes para mitigar las consecuencias económicas y sociales del conflicto en Oriente Próximo.
En concreto, Díaz se verá con los representantes de los autónomos a partir de las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Trabajo, tras intervenir previamente en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.
El Ejecutivo pretende orientar su plan de respuesta “integral”, en esta primera fase de actuaciones, hacia los costes energéticos, que se están encareciendo por el repunte del petróleo y del gas natural desde el inicio de la guerra en Irán.
La titular de Trabajo ha reiterado en los últimos días que su objetivo es vetar los despidos por causas energéticas, siguiendo la línea de lo que ya se hizo durante la guerra de Ucrania. Por ahora, el paquete de respuesta será menos contundente que el aprobado entonces, puesto que, de momento, el principal efecto se concentra en el precio de los combustibles.
“Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía española. El Gobierno de España trabaja para proteger a sus sectores productivos y a la gente trabajadora”, declaró hace unos días la ministra.
Reivindicaciones de ATA y UPTA
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, defiende que el Gobierno actúe sobre la fiscalidad de la energía, con una rebaja de los impuestos especiales y una reducción del IVA de la luz y el gas.
Desde UPTA han solicitado al Ejecutivo un conjunto de medidas específicas para blindar al colectivo ante el aumento del coste de la energía, el encarecimiento de las materias primas y la presión de la inflación.
Bajo la denominación de “Escudo Autónomo”, UPTA plantea al Gobierno una bonificación directa en combustibles para usos profesionales, con ayudas de entre 0,20 y 0,30 euros por litro, con el objetivo de aliviar los costes de funcionamiento.
Asimismo, reclama rebajas en la factura eléctrica y energética, mediante una reducción del IVA al 5% en los suministros de los autónomos y la puesta en marcha de mecanismos de compensación cuando el mercado eléctrico supere determinados umbrales.
El plan diseñado por UPTA contempla también compensaciones frente a la inflación, como cheques trimestrales dirigidos a los autónomos con menor nivel de ingresos y deducciones extraordinarias en los gastos más afectados por la subida de precios.
En el ámbito tributario, la organización propone medidas de alivio inmediato, entre ellas aplazamientos automáticos de IVA e IRPF sin intereses, rebaja de pagos fraccionados y ajustes a la baja en el sistema de módulos.
Además, UPTA sugiere habilitar líneas extraordinarias de liquidez a través del ICO para evitar problemas de tesorería en los pequeños negocios, así como activar un cese de actividad extraordinario y fórmulas de ERTE para autónomos con personal a su cargo.
La propuesta de Uatae
Por su parte, Uatae reclama la puesta en marcha de medidas fiscales excepcionales dirigidas a los autónomos con menores ingresos, entre ellas reducciones temporales del IVA en suministros esenciales como electricidad, gas o combustibles profesionales, siempre ligadas a criterios de renta y dimensión de la actividad.
Del mismo modo, ha planteado crear la figura del autónomo vulnerable para garantizar la continuidad de su negocio en un contexto de “fuerte presión inflacionista” derivada del impacto de la guerra en Irán.
La propuesta de la organización establece distintos grados de vulnerabilidad dentro del colectivo, tomando como referencia el modelo de consumidor vulnerable ya vigente.
Así, se definen tres categorías: trabajador autónomo vulnerable, vulnerable severo y en riesgo de exclusión social, en función de los niveles de renta, la situación familiar o la percepción de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.
A partir de esta clasificación, Uatae plantea la puesta en marcha de medidas específicas para reducir los principales costes que condicionan la actividad de estos profesionales, entre ellas la extensión del bono social eléctrico al suministro energético de los locales comerciales, con descuentos que podrían situarse entre el 65% y el 100% de la factura, según el grado de vulnerabilidad.
El paquete de Uatae incluye también la creación de un bono social térmico para compensar los gastos de climatización, apoyos para aliviar el pago de hipotecas ligadas a la actividad económica (mediante congelación de cuotas o ampliación de plazos) y actuaciones para limitar las subidas del alquiler de los locales comerciales, especialmente cuando los propietarios sean grandes tenedores.
Uatae propone que estas medidas se apliquen, como mínimo, durante este año, con la posibilidad de prorrogar su vigencia si persisten las actuales condiciones económicas, y considera que algunas herramientas de protección energética podrían consolidarse de forma estructural.