La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su “convicción absoluta” de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda el Real Decreto sobre el control del tiempo de trabajo, pese a las reservas manifestadas por el Ministerio de Economía, al que ha afeado que se sitúe “del lado de las patronales”.
En una entrevista en “Hora 25” de la Cadena Ser, Díaz ha recordado que Sánchez anunció esta reforma “hace dos septiembres” en el Instituto Cervantes. “Tengo clarísimo que el presidente defiende esta medida; tanto la defiende como que llegó al Consejo del Ministro, se debatió durante cuatro horas en el Congreso de los Diputados”, ha señalado la titular de Trabajo.
Aunque ha insistido en el respaldo de Sánchez, la vicepresidenta ha subrayado que el Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, ha “emitido dos informes” que “hablan con bastante claridad posicionándose en contra”. “No del registro horario, sino de lo que es más grave, de la realidad”, ha remachado, marcando distancias con el enfoque de ese departamento.
Díaz ha considerado “inaudito” que el equipo de Cuerpo “se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país”. A su juicio, “creo que los Ministerios de Economía están conformados en una doctrina ortodoxa”, lo que, según ha apuntado, explicaría la resistencia a la reforma impulsada por Trabajo.
Pese a estas discrepancias internas, la vicepresidenta ha insistido en que Sánchez “es una persona seria” y que se comprometió políticamente con el refuerzo del control horario, por lo que ha reiterado su confianza en que el nuevo marco normativo verá finalmente la luz.
Dictamen del Consejo de Estado y objeciones de Economía
Las declaraciones de Díaz llegan después de conocerse que el Consejo de Estado ha emitido un dictamen desfavorable sobre el proyecto de Real Decreto que modifica el registro horario. En ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el máximo órgano consultivo del Gobierno recoge, entre otros aspectos, los informes negativos elaborados por el Ministerio de Economía.
En dichos informes, Economía se muestra contraria a la aplicación inmediata del registro horario tal y como lo plantea Trabajo, al considerar que es preciso un periodo transitorio más amplio que los 20 días previstos desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Además, reclama instrumentos que reduzcan el impacto operativo para las pymes y que se atienda de forma específica a la casuística de cada sector.
En esta misma línea, el departamento económico plantea la conveniencia de revisar si es imprescindible imponer nuevas cargas burocráticas a las empresas, advirtiendo de que muchas pymes se verán forzadas a adoptar sistemas digitales con licencias de software, costes de implantación, incidencias iniciales y necesidades de formación para sus plantillas.
Por ello, Economía propone que sea la propia Administración la que desarrolle una herramienta o aplicación pública, de bajo coste para las compañías, que permita cumplir con el registro horario, siguiendo un modelo similar al de la factura electrónica.
Pese a las reservas expresadas en sus informes, Carlos Cuerpo ha asegurado este martes que la reforma del registro horario constituye un objetivo “ambicioso pero compartido” dentro del Ejecutivo, si bien ha defendido la necesidad de acompañar a las pequeñas y medianas empresas en el proceso de adaptación.
Trabajo ajustará el Real Decreto sin alterar su esencia
Desde el Ministerio de Trabajo han explicado que introducirán pequeños retoques en la redacción del Real Decreto para adaptarlo a las observaciones recibidas, pero sin “desnaturalizar” la norma ni renunciar a dos elementos clave: que el sistema de registro sea digital y que resulte fácilmente accesible para la Inspección de Trabajo.
Fuentes del departamento que dirige Díaz apuntan que las modificaciones se centrarán en reforzar la referencia a que el tratamiento de los datos derivados del registro debe respetar de forma estricta la normativa de protección de datos, con el objetivo de anticiparse a las futuras impugnaciones judiciales que la CEOE ya ha anunciado. Asimismo, se pretende dejar más explícito que la negociación colectiva podrá intervenir para definir fórmulas de adaptación de las obligaciones de registro a las particularidades de cada ámbito y sector.