QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Un reciente estudio de Oxfam Intermón, basado en una encuesta sobre la percepción de las desigualdades en España, ha puesto de relieve que las principales inquietudes para los ciudadanos son el acceso a la vivienda y los ingresos insuficientes derivados de empleos precarios. Este análisis se ha dado a conocer el pasado martes.
De acuerdo con los resultados del informe, el 30% de los encuestados indica que sus ingresos no son suficientes para mantener un nivel de vida digno, mientras que un 45% se ve afectado por la crisis habitacional.
“En un país donde más del 60% de quienes no tienen una vivienda en propiedad cree que no podrán acceder a una, la desigualdad es una realidad cotidiana que se ha cronificado en la vida de miles de personas” declaró Ernesto García López, coordinador del Informe Vivir la desigualdad de Oxfam, en un comunicado.
Oxfam ha destacado que es la primera vez que la vivienda se considera la principal causa de desigualdad percibida, superando incluso a la economía. Según el estudio, el 73% de los arrendatarios siente un impacto directo por la crisis de vivienda, en contraste con el 33% de los propietarios.
Para los jóvenes sin apoyo familiar, conseguir un alquiler o una hipoteca es “prácticamente inalcanzable”, expresó la ONG. “Mientras que el 72% de la juventud de clase alta espera recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda, más del 60% de los y las jóvenes pertenecientes a hogares de bajos recursos ven poco o nada probable recibir ayuda familiar para adquirir una vivienda”, enfatizó.
El estudio también revela que, a pesar de un crecimiento económico sostenido y mejoras en indicadores como el empleo o el salario mínimo, una parte considerable de la población en España sigue sintiendo un “estancamiento y vulnerabilidad que afecta especialmente a mujeres, jóvenes, personas racializadas y hogares con menores ingresos”.
El análisis recoge que un 37% de la población necesita un segundo empleo que no puede compatibilizar con su vida actual, que el 40% no tiene ahorros suficientes para un gasto imprevisto de 600 euros y que uno de cada cuatro ha solicitado ayuda económica a familiares o instituciones.
“Los apuros siguen siendo el día a día para muchos hogares. Se están cronificando algunos recortes vinculados con el consumo de productos básicos, como la alimentación, el ocio, el acceso a ciertos servicios sociosanitarios como dentista, fisioterapia, etc”, lamentó García.
Estos problemas se agudizan entre mujeres, jóvenes y personas racializadas, quienes además muestran mayores niveles de insatisfacción laboral, especialmente en empleos parciales, temporales o fijo-discontinuos, según la ONG. Más de una de cada cuatro personas racializadas no puede costearse medicamentos por problemas económicos y el 60% de las mujeres ha reducido su gasto en ocio y cultura, un porcentaje notablemente mayor que entre los hombres.
El estudio también señala que el 56% de la población valora positivamente su salud física y mental, aunque muchas personas renuncian a servicios como el dentista, fisioterapia o tratamientos psicológicos por razones económicas. Además, el 52% desearía continuar su formación académica, pero no puede por motivos económicos, una situación que afecta sobre todo a mujeres, jóvenes y personas con menores ingresos.
El informe destaca un amplio respaldo social a medidas de redistribución, con una mayoría que apoya impuestos extraordinarios a la banca y a las grandes energéticas. Además, el 73% cree que el sistema fiscal no distribuye adecuadamente la riqueza, mientras que casi seis de cada diez piensan que las grandes fortunas y empresas pagan poco. Cuatro de cada diez personas apuntan a las administraciones públicas como “principales responsables de la persistencia de las desigualdades”, aunque también las ven como las más capaces de revertir esta situación.
Los encuestados han señalado que “es fundamental que tanto el Gobierno central, como las comunidades autónomas y los ayuntamientos” actúen para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda, los salarios, la calidad del empleo y reforzar los servicios públicos como la sanidad y la educación.
Desde Oxfam Intermón han asegurado apoyar estas medidas, además de “la mejora de la protección social, el abordaje integral de los cuidados, la garantía de derechos en las políticas migratorias y mejorar el sistema fiscal para que sea más progresivo y justo”.
“La desigualdad no es una percepción, es una estructura que moldea la vida de millones de personas. Pero también es una construcción política que puede transformarse. Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para actuar con justicia”, concluyó García.
