La patronal Direbús, que integra a más de 700 compañías de transporte de viajeros por carretera en España, principalmente pymes, analiza acudir a las autoridades de competencia de la Unión Europea para denunciar la licitación lanzada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para prestar servicios de transporte alternativo por carretera a Renfe Viajeros. A su entender, se trata de un concurso que deja fuera a buena parte de las empresas del sector.
La asociación ve “preocupante” que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) no haya consensuado ninguna actuación conjunta frente a esta licitación pese al impacto que tiene en sus representados. En la reunión celebrada este viernes, las organizaciones del CNTC examinaron el contenido del concurso, pero no lograron pactar una posición común ni impulsar una impugnación coordinada de los pliegos.
Direbús, que ya ha avanzado que impugnará por su cuenta la licitación promovida por el departamento que encabeza Óscar Puente, sostiene que las condiciones exigidas solo estarían al alcance de un grupo muy limitado de grandes operadores, lo que dejaría fuera de facto a centenares de compañías, muchas de ellas negocios familiares con una larga trayectoria en el transporte de viajeros por carretera.
La organización recuerda que las reglas de competencia de la UE buscan asegurar un entorno de juego limpio entre empresas y, al mismo tiempo, favorecer la innovación y el crecimiento de las pequeñas y medianas compañías.
En esta línea, recalca que la Comisión Europea supervisa e investiga conductas anticompetitivas, operaciones de concentración y ayudas públicas con el fin de preservar un mercado equilibrado, con una oferta diversa y precios razonables para los usuarios. Por ello, Direbús se plantea elevar a esta institución comunitaria su queja sobre la licitación.
Al mismo tiempo, Direbús destaca que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado en múltiples informes a rediseñar las concesiones públicas para impulsar la competencia y abrir la puerta a un mayor número de operadores. Entre otras recomendaciones, aboga por dividir las licitaciones en varios lotes para facilitar el acceso de más empresas y optimizar el uso de los recursos públicos, así como revisar la imposición de un número mínimo de vehículos adscritos a los contratos, al considerar que este tipo de exigencias puede convertirse en una barrera de entrada para muchas firmas.
El supervisor también ha sugerido modular los requisitos de solvencia económica, evitar la obligación de acreditar experiencia previa en contratos de menor dimensión o complejidad y ajustar la duración de las concesiones a las características reales de cada servicio, con el objetivo de asegurar una competencia efectiva en el mercado.
En este escenario, Direbús lamenta que el sector no haya articulado una posición unitaria frente a una licitación que, a su juicio, ha sido configurada por el Ministerio de Transportes para restringir el acceso a unos pocos operadores “próximos al propio departamento”.
La organización defiende que el sector dispone de la capacidad operativa suficiente para asumir estos servicios y apuesta por un modelo de adjudicación con base territorial que permita concurrir a empresas de distintos tamaños y comunidades autónomas.
PATRONAL DE AUTOCARES RECURRE LA LICITACIÓN DE RENFE
El pasado viernes, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) comunicó que presentará un recurso administrativo contra la licitación de Renfe para poner en marcha su propia empresa de autobuses, al entender que supondría un “grave perjuicio” y una “amenaza” para la continuidad de las pymes.
“Esta licitación supone un grave perjuicio para las pequeñas y medianas empresas del transporte y representa una amenaza directa a la viabilidad de numerosas pymes del sector, además de distorsionar de forma significativa las condiciones de competencia en el mercado”, denunció la patronal.
Por ello, y con el objetivo de “frenar un procedimiento que perjudica de manera directa y evidente a las empresas del sector”, Anetra ha contratado un despacho jurídico “de reconocido prestigio” y especializado en derecho administrativo, cuya identidad no desvela pero que “ya se encuentra trabajando” en la preparación del recurso, explicó la entidad en un comunicado.