Duro Felguera decide sobre su futuro financiero en una asamblea extraordinaria

Duro Felguera someterá a votación su plan de reestructuración en una junta clave este viernes, buscando asegurar su futuro.

Archivo - Empresa Duro FelgueraJorge Peteiro - Europa Press - Archivo

Duro Felguera convoca a sus accionistas a una junta general extraordinaria el próximo viernes 14 de noviembre, donde se decidirá el futuro del plan de reestructuración de la empresa. La cita tendrá lugar de manera presencial en la sede del grupo en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón, Asturias.

La primera convocatoria de la reunión está programada para las 12:00 horas, con una segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora si fuera necesario. Este plan, que fue aprobado por el consejo de administración a mediados de octubre, busca estabilizar económicamente a la compañía, evitando la insolvencia y asegurando su operatividad futura.

Tras la aprobación del consejo, el plan se presentó al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para su homologación, contando con un amplio respaldo de los acreedores y marcando el fin del preconcurso solicitado el 11 de diciembre pasado, detonado por el desacuerdo con Sonelgaz Production d’Electricité (SPE) en Argelia.

El grupo mexicano Prodi, que tomará control de Duro Felguera, ha prometido aportar nueva financiación capitalizable, que será utilizada según las necesidades de tesorería del grupo, antes de la homologación judicial y las operaciones de ajuste de capital.

El proceso de reestructuración incluye una recapitalización con dos reducciones de capital por pérdidas y un aumento de capital por compensación de créditos, asegurando la permanencia de Prodi como principal accionista, mientras que Mota-Engil México se retirará del accionariado.

Adicionalmente, Duro Felguera venderá su sede en Gijón por 13,6 millones de euros y se trasladará a La Felguera, Langreo. También enfrenta un arbitraje en Argelia por la suspensión de un contrato de construcción de una central eléctrica, con un requerimiento de indemnización de 413 millones de euros.

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