El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha planteado que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) pueda operar como una "entidad puente" en procesos de resolución de aseguradoras, de acuerdo con el anteproyecto de ley difundido este jueves.
Esta alternativa ya figura en la directiva comunitaria que el Ejecutivo pretende incorporar al ordenamiento español mediante este anteproyecto y se configura como uno de los instrumentos disponibles en caso de insolvencia de una compañía de seguros. No es la única vía prevista: también se contempla la extinción o liquidación del negocio cuando sea insolvente; la venta directa de la actividad; la segregación de activos y pasivos, o la amortización y conversión de pasivos.
En relación con la fórmula de la "entidad puente", el documento prevé que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), en su papel de autoridad de resolución, pueda trasladar la totalidad o parte del negocio de la entidad en dificultades al Consorcio de Compensación de Seguros, con el objetivo de asegurar la continuidad de los contratos de seguro y el pago de los siniestros. La finalidad última sería cumplir los objetivos de resolución y facilitar la posterior venta de la entidad sometida a este proceso.
Ello implicaría que el Consorcio pueda desempeñar funciones de administración de activos y pasivos de la entidad afectada.
En este supuesto, el CCS deberá desarrollar la función de "entidad puente" con una "absoluta separación financiera y contable" respecto del resto de sus actividades, de forma que los activos y pasivos que reciba queden aislados del resto del patrimonio del Consorcio. El anteproyecto precisa que "en ningún caso" la retribución de los miembros de su órgano de administración se pagará con cargo a los activos transmitidos.
Con carácter general, el Consorcio se considerará una "continuación" de la entidad sometida a resolución. No obstante, la norma aclara que, salvo supuestos excepcionales, no podrá formalizar nuevos contratos de seguros ni alterar los vigentes de manera que se incrementen los créditos derivados de los contratos de seguro que le hayan sido cedidos.
Alegaciones abiertas hasta el 19 de febrero
La difusión del anteproyecto en la web del Ministerio de Economía marca el inicio del trámite de audiencia pública, durante el cual los interesados podrán remitir sus observaciones al texto. El documento establece un marco de resolución de aseguradoras armonizado a escala de la UE, similar al que ya se aplica al sector bancario.
El periodo para presentar alegaciones concluirá el 19 de febrero. Tras esta fase, y una vez que el Gobierno examine las propuestas y decida si introduce cambios en el articulado, se pasará al inicio de la tramitación parlamentaria con el envío del proyecto de ley al Congreso de los Diputados.