El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado la puesta en marcha de una nueva «Brigada Antifraude» destinada a reforzar la lucha contra el fraude financiero. Esta iniciativa se articulará junto al Ministerio de Transformación Digital y contará con la implicación directa de las entidades bancarias, los operadores de telecomunicaciones y el Banco de España.
Cuerpo ha detallado la creación de este nuevo organismo en una rueda de prensa posterior al encuentro celebrado este miércoles con las patronales bancarias, las asociaciones de usuarios y el Banco de España, una reunión centrada en revisar el estado de las medidas de inclusión financiera y en abordar el incremento de los casos de fraude.
Según ha explicado el ministro, «esta brigada tendrá ambas labores, la de trabajar en el ámbito de la prevención y la de ser capaces de tener un agente que responda de manera rápida (…). Queremos que sea un ente operativo y concentrar a todos los agentes relevantes en esta brigada». La idea es que funcione como un espacio de coordinación estable entre todos los actores implicados.
El propósito fundamental de la brigada será articular «mecanismos de alerta temprana» y ofrecer «respuestas rápidas y contundentes» ante nuevas modalidades de fraude. Cuerpo ha subrayado que este órgano tendrá también la facultad de elevar propuestas regulatorias cuando se detecten lagunas legales o nuevas amenazas. «Estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que surja de la identificación de estos retos por parte de los expertos», ha añadido.
La presidenta de la patronal AEB, Alejandra Kindelán, ha puesto el acento en la necesidad de que en esta estructura participen todos los sectores afectados. A su juicio, es «fundamental» que se sienten a la misma mesa tanto las entidades financieras como los operadores de telecomunicaciones, ya que «la cuestión nos incumbe a todos».
Kindelán ha insistido especialmente en la vertiente preventiva, señalando que existe una «disonancia» entre la magnitud real del fraude y la percepción que tienen los ciudadanos sobre el riesgo de convertirse en víctimas. Esa brecha de percepción, ha advertido, se convierte en «un caldo de cultivo» para los ciberdelincuentes.
En esa línea, ha recordado que «todos los ciudadanos tenemos una huella digital y esta huella digital tenemos que ser muy conscientes de ella y adaptar las cautelas necesarias», subrayando la importancia de la educación financiera y digital para reducir la vulnerabilidad de los usuarios.
Por su parte, el director general de CECA, la otra gran patronal bancaria, Antonio Romero, ha calificado la reunión de «extraordinariamente» productiva y constructiva, destacando la buena sintonía y la cooperación entre todas las partes. Ha valorado además que el encuentro haya servido para profundizar en la problemática del fraude financiero y coordinar respuestas comunes.
Romero ha recordado que las entidades financieras mantienen de forma constante campañas específicas para advertir a los clientes sobre las nuevas tácticas de los estafadores y las vías de fraude emergentes. «También las asociaciones dedicamos un enorme esfuerzo por aumentar esta sensibilización», ha recalcado, aludiendo al trabajo conjunto con organizaciones de consumidores.
En la comparecencia ante los medios también ha intervenido la presidenta de la asociación de usuarios financieros Asufin, Patricia Suárez, quien ha defendido que «el usuario financiero necesita un marco legislativo mucho más protector, que delimite de forma suficiente el grado de responsabilidad en los casos de ciberfraude, y que tenga en cuenta el contexto en el que se produce».
Suárez ha reclamado una mayor coordinación entre los distintos sectores implicados para reforzar la protección al consumidor. En este sentido, ha incidido en que «los bancos tienen que trabajar de la mano de las empresas de telefonía y las tecnológicas para avanzar en la prevención del fraude».
En relación con el resto de cuestiones abordadas en la reunión, Cuerpo ha explicado que las asociaciones de usuarios han reclamado al Ministerio un «impulso final» para sacar adelante de forma definitiva la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. El ministro ha señalado que este organismo podría «apoyar» en los reembolsos de cantidades defraudadas a través de resoluciones vinculantes, reforzando así la protección del cliente.
Durante el encuentro también se han puesto sobre la mesa los «avances» logrados en inclusión financiera para personas mayores, ciudadanos con discapacidad, así como en zonas rurales y en áreas urbanas con menor acceso a servicios bancarios. El Ministerio y las entidades han acordado desarrollar un mapa nacional de accesibilidad a los servicios financieros, con el fin de identificar mejor las carencias territoriales y de colectivos.
Está previsto que se ofrezcan más detalles sobre este mapa en junio, coincidiendo con la próxima reunión de seguimiento entre el Gobierno, las patronales y las asociaciones de usuarios, en la que también se revisará el funcionamiento de la nueva brigada antifraude y su coordinación con el resto de medidas en marcha.











