QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
EH Bildu ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia. La iniciativa pretende establecer sobre las empresas y plataformas la responsabilidad legal de evitar la proliferación de alojamientos ilegales para su alquiler y contempla un régimen sancionador con multas que pueden ascender hasta el millón de euros.
Hasta ahora, las plataformas digitales eliminaban este tipo de anuncios ilegales de forma voluntario o tras complejos proceso, como el del pasado mes de mayo, cuando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frete, impuso a Airbnb un bloqueo de más de 65.000 anuncios. A la postre, acordaron retirarlos motu proprio.
De prosperar, los portales donde se publicitan estos anuncios serían los responsables de que los alojamientos cuente con el registro o licencia válidos, estando obligadas a impedir su publicación desde el inicio.
“Esta es la forma más rápida y efectiva de terminar con alojamientos ilegales y asegurar que no vuelvan a ponerse en el mercado”, esgrimen desde el grupo parlamentario.
El texto dibuja un fuerte régimen sancionador sobre las empresas que incumplan la norma tanto en lo tocante a la publicación de anuncios de alojamientos ilegales como su contratación, así como por los casos de uso de registros falsos u ocultación de la identidad jurídica de los arrendadores.
Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la contratación de una vivienda de uso turístico que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También si se permite la contratación del alojamiento sin vincularlo a los datos personales del anfitrión.
Se sancionarán las infracciones leves con entre 10.000 y 50.000 euros; las graves con entre 50.0001 y 500.000 euros; y las muy graves entre más de medio millón y el millón de euros.
Esta nueva normativa legal se sustentaría en herramientas y mecanismos recogidos en el ordenamiento jurídico estatal y europeo como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos, el Reglamento UE sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, o los marcos normativos sobre publicidad.
EH Bildu garantiza que se seguiría permitiendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicar sus propias normativas y condiciones sobre los pisos turísticos y sus arrendadores.
Con su proposición de ley, esperan contribuir a atajar el problema generado por la expansión “incontrolada” de las viviendas de uso turístico que “afecta directamente al derecho de acceso a la vivienda de la ciudadanía, a la gentrificación de los barrios y ciudades, a la expulsión de los vecinos y vecinas y al aumento del turismo masivo y sus nefastas consecuencias en las condiciones de vida de la ciudadanía”, lamentan.
