David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha asegurado que el Gobierno continuará realizando esfuerzos presupuestarios para mejorar el acceso a la vivienda y la financiación de préstamos más planos destinados a la construcción de viviendas asequibles.
Las viviendas no son un negocio, sino para vivir, señaló Lucas en un evento organizado por la OCU sobre ‘Propuestas para mejorar el acceso a la vivienda en España’.
Lucas recordó que el Gobierno trabaja en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, donde se ha propuesto incrementar el presupuesto para estas políticas a casi 6.700 millones, en comparación con los 1.700 millones actuales, a cambio de un mayor esfuerzo presupuestario por parte de las comunidades autónomas.
El secretario destacó que la política de vivienda gubernamental busca que los inmuebles tengan protección permanente, asegurando que si una vivienda construida con fondos públicos se vende, se haga a precios asequibles y para personas con características similares.
Además, mencionó que las 40.000 viviendas propiedad de la Sareb no se venderán, sino que se utilizarán para ampliar el parque de vivienda en alquiler asequible de la nueva empresa pública de vivienda.
Estas políticas pretenden elevar el parque de vivienda pública, que actualmente es del 3,4%, al 8% promedio de la Unión Europea, afirmó Lucas. También destacó los esfuerzos para prevenir la conversión de viviendas de alquiler tradicional a alquiler de corta duración, mediante cambios en la Ley de Propiedad Horizontal y la creación del Registro de Alquileres de Corta Duración.
Estamos muy preocupados por la gentrificación de barrios, expresó, solicitando a las autonomías que ejerzan sus competencias y actúen.
OCU PIDE ADAPTAR LOS DESAHUCIOS A LA FIGURA DE CONSUMIDOR VULNERABLE
En las jornadas, la OCU sugirió revisar el sistema de desahucios para adecuarlo a la figura del consumidor vulnerable, dado que el número de inquilinos vulnerables no hace más que aumentar.
Juan Carlos García, responsable del Área de Vivienda de OCU, enfatizó la necesidad de proporcionar seguridad jurídica mínima al pequeño arrendador para incentivar el alquiler de larga duración.
Jaime Fernández, gerente de Asprima, propuso aprovechar el suelo ya urbanizado para otros usos y destinarlo a viviendas asequibles, además de agilizar los informes sectoriales.
Juan Casares, presidente de Concovi, abogó por regular el precio del suelo porque no se puede especular con el mismo y pidió reducir la carga fiscal en la vivienda protegida, ya que esto incrementa en un 25% el precio final de la vivienda, según los expertos.