QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha aprobado una asignación de fondos por un total de 1.327.881.930 euros al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinados específicamente a los complementos de las pensiones mínimas dentro del sistema de la Seguridad Social.
Según la documentación oficial del Consejo de Ministros de este martes, se ha realizado esta asignación para incrementar el presupuesto destinado al año 2025, bajo la condición de que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados, en la categoría ‘Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social’.
Adicionalmente, el Gobierno ha aprobado un crédito de 427.524.250 euros para la Seguridad Social, con el objetivo de financiar las prestaciones de protección familiar, y otro crédito de 769.567.415 euros dirigido al Ministerio liderado por Elma Saiz, destinado a las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación.
La administración y control de estas pensiones no contributivas de invalidez y jubilación corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), aunque su ejecución recae sobre las comunidades autónomas que han asumido estas competencias, excepto en casos especiales como el régimen económico de País Vasco y Navarra.
Este aumento en el crédito para el año 2025, aún con los presupuestos de 2023 prorrogados, se justifica en la categoría ‘Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas’, incluyendo las obligaciones de ejercicios anteriores para asegurar la cobertura de estas prestaciones.
2.984 MILLONES EN CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE TOLEDO
Finalmente, se ha autorizado una transferencia de 2.984.000.000 euros al Ministerio de Inclusión para cumplir con las obligaciones estipuladas por el Pacto de Toledo, donde la Recomendación Primera enfatiza que la financiación de las prestaciones contributivas debe provenir principalmente de las cotizaciones sociales, mientras que las prestaciones no contributivas y universales deben financiarse exclusivamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.
