Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha comunicado que en la sesión del Consejo de Ministros de este martes se ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta acción se toma como respuesta a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de no revertir los cambios en la Ley de Participación Institucional de Organizaciones Sindicales y Empresariales, que elimina la financiación obligatoria a ciertas organizaciones mediante subvenciones directas en esa comunidad.
Según Alegría, la modificación impulsada por el ejecutivo murciano busca, entre otras cosas, suprimir la financiación obligatoria a estas entidades. Este anuncio sigue a las declaraciones de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, quien la semana anterior adelantó que el Gobierno impugnaría esta reforma ante el Constitucional.
La ministra de Trabajo denunció que la extrema derecha, encabezada por Feijóo pero representada por Vox, intenta eliminar dos artículos fundamentales de la ley orgánica de libertad sindical, el artículo 6 y el artículo 7, para desmantelar lo que consideran un ‘monopolio de sindicatos subvencionados’. Desde el Ministerio de Trabajo, se detalló que el recurso de inconstitucionalidad se presentará contra la Ley 2/2025 de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Murcia.
Con esta reforma, las ayudas no se asignarían a las organizaciones más representativas como establece la ley actual, sino que se otorgarían a través de concursos basados en ‘necesidades concretas’, contraviniendo la legislación estatal. Trabajo argumenta que esto no solo elimina la financiación, sino que también restringe el derecho a la sindicación y permite que se concedan subvenciones a entidades sin representatividad suficiente. Adicionalmente, señalan que esta medida es contraria a la Constitución ya que infringe el derecho a la libertad sindical y altera la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, destacando que cuentan con el respaldo del Consejo de Estado para este recurso.