El Ejecutivo nacional demanda a Madrid mayor vigilancia en el sector de los alojamientos turísticos

El Gobierno español ha solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid que intensifique la supervisión de los alojamientos turísticos ante la detección de «fraude de ley» en muchos de estos, que utilizan un código de vivienda de temporada para arrendamientos turísticos. Esta exigencia fue comunicada a través de una carta dirigida a Jorge Rodrigo, consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, según información obtenida por Europa Press.

Se insta al gobierno regional a que profundice en la normativa y refuerce las labores de inspección y control, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas y respondiendo a las expectativas ciudadanas. La demanda se apoya en datos del Registro Único de Arrendamientos y de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, herramientas clave para el intercambio de información sobre los servicios de alquiler de corta duración.

Desde la implementación de este registro, en colaboración con el Colegio de Registradores, se han identificado y cancelado los códigos de más de 53.000 alojamientos turísticos ilegales a nivel nacional. No obstante, la situación en Madrid es particularmente preocupante, con solo 21.043 códigos registrados, un número significativamente menor en comparación con otras regiones de similar población, como Andalucía con 79.519 o Cataluña con 64.753.

En Madrid, solo un 16,79% de los códigos registrados pertenece a la modalidad turística, frente al 83,21% de temporada. De estos, el 43,54% han sido revocados, más del doble de la media nacional del 20,03%. Esta anomalía sugiere que muchos propietarios están utilizando códigos de temporada en «fraude de ley» para evitar cumplir con la normativa específica de alojamientos turísticos.

Por tanto, se considera esencial que la Comunidad de Madrid desarrolle normas que regulen la duración máxima de las pernoctaciones y que exijan los requisitos necesarios para la actividad turística. Además, el Gobierno central ha ofrecido su colaboración, incluyendo el suministro de datos, para facilitar la inspección y posible clausura de estos alojamientos que operan fuera de la legalidad.