El Gobierno ha rehusado otorgar 370 millones de euros destinados a apoyar al olivar y al viñedo, establecidos en la Ley de desperdicio alimentario, argumentando que opera con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los cuales no incluyen dicha asignación.
La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, vigente desde abril, dispuso en una cláusula adicional la creación de fondos para mitigar los efectos de la sequía y el incremento de precios debido al conflicto en Ucrania. Se asignaron 85 millones de euros para viñedos de secano y 285 millones para olivares de secano.
Tras no implementarse estas ayudas en los dos meses estipulados, Jorge Pueyo de CHA, parte de Sumar, preguntó en el Congreso sobre la intención del Gobierno de efectuar estos pagos y sus plazos.
En una respuesta parlamentaria, el Gobierno señaló que las ayudas propuestas en la Ley de desperdicio alimentario no están vinculadas a ningún presupuesto específico. Explicaron que los fondos actuales del Ministerio de Agricultura corresponden al presupuesto inicial de 2023, que no contemplaba estas ayudas. Además, destacaron que aunque fuese viable otorgarlas, necesitarían aprobación previa de la Comisión Europea bajo la normativa de ayudas de Estado.
El documento concluye que, a pesar de la falta de estas ayudas específicas, tanto el sector del olivar como el del viñedo reciben un apoyo considerable a través de las ayudas directas de la Política Agraria Común y otras medidas como la Intervención Sectorial Vitivinícola, que representa unos 1.200 millones de euros anuales.