Ocho de cada diez gestores administrativos, en concreto el 82,04%, opinan que la realidad que afrontan los trabajadores autónomos en España ha ido a peor durante los últimos cinco años, mientras que solo un 6,59% aprecia una evolución positiva, según el último Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, elaborado entre finales de 2025 y principios de 2026.
Entre las inquietudes que más pesan en el día a día de los autónomos destacan, en primer lugar, los impuestos, señalados por el 34,34% de los consultados. A continuación, se sitúan las cuotas y cotizaciones (27,11%), la inseguridad jurídica (12,05%) y el exceso de burocracia (9,64%).
Maltrato de las Administraciones
El informe constata un creciente malestar en el colectivo, vinculado sobre todo a la proliferación de normas, trámites y cambios constantes, así como a una relación "cada vez más distante" con las Administraciones Públicas. Para la mitad de los gestores participantes, el trato que reciben los autónomos es "muy insatisfactorio".
El 89,22% de los encuestados sostiene que el Gobierno no tiene en cuenta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan directamente. La nota media sobre la percepción de respeto institucional apenas llega a 1,65 sobre 5, lo que pone de manifiesto un serio déficit de reconocimiento hacia este colectivo.
La protección social
El sistema de protección social figura también entre los principales focos de conflicto. El paro "no genera confianza" y el régimen fiscal "no es claro ni predecible", según los gestores. Más de un 35% admite que sus clientes no entienden bien qué gastos del IVA pueden deducirse.
La sensación de inseguridad no procede tanto de sofisticadas estrategias fiscales como de los gastos corrientes ligados a la actividad, especialmente el vehículo, que dos de cada tres sectores identifican como el concepto cuya deducibilidad plantea más dudas, muy por encima de otros gastos habituales.
Este entorno de "presión e inseguridad" tiene consecuencias directas: el 47,92% de los gestores afirma que una parte de sus clientes autónomos termina dejando el negocio para incorporarse al trabajo por cuenta ajena o a la función pública.
El 43,75% indica que algunos optan por dejar de trabajar por completo y un 14,58% admite que cierta parte de su clientela acaba derivando hacia la economía sumergida.
Autónomos por necesidad
El barómetro pone de relieve, además, que casi cuatro de cada diez trabajadores por cuenta propia lo son porque "no les queda más remedio". En numerosos casos, el autoempleo se convierte en "una vía de supervivencia más que de emprendimiento", sobre todo en escenarios de elevada incertidumbre laboral.
En paralelo, casi la mitad de los gestores considera que menos del 25% de sus clientes alcanzará una jubilación digna, entendida como una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales. A esta precariedad se suma la edad prevista de retiro: solo un 7,23% cree que podrán jubilarse entre los 60 y los 65 años, mientras que más del 76% sitúa ese horizonte a partir de los 66 años.
La problemática se ve agravada por un 69% de incomprensión en torno a cómo cotizan los autónomos y de qué manera esa cotización repercute en la pensión futura. El nuevo sistema de cotización por ingresos reales se percibe como una fuente añadida de incertidumbre, especialmente para quienes tienen ingresos variables o dificultades para anticipar su facturación.
Las asociaciones
El estudio también apunta a una crisis de representación: un 32,34% de los gestores considera que las asociaciones de autónomos son "ineficaces" en la defensa de sus intereses, mientras que más de un 36% no sabe valorar su labor, un indicador de "desconexión y falta de impacto percibido".
Según el 94,01% de los encuestados, los autónomos depositan más confianza en su gestor administrativo que en la propia Administración, ya que este profesional interpreta la normativa, ayuda a prever riesgos y "da tranquilidad cuando el sistema genera incertidumbre", como destaca el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero.
Desde el Consejo se insta al Gobierno a fijar "reglas claras", reducir la frecuencia de los cambios y garantizar mayor estabilidad normativa para que los autónomos puedan planificar su actividad. También reclaman más "diálogo previo, simplificación real y respeto" hacia el colectivo.