El 85% de las grandes compañías continúa incumpliendo los plazos legales de pago en España. Así lo refleja el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025” elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que sitúa los periodos medios en 70 días para el sector público y 67 días para el privado en 2025.
El documento confirma que estos tiempos exceden con claridad los límites fijados por la normativa, que marca 30 días para las administraciones y 60 para las empresas. Además, ambos plazos se han alargado “en tres días” respecto al ejercicio anterior, lo que, a juicio de la organización, evidencia un “deterioro evidente del comportamiento de pago”.
En el ámbito público, la PMcM considera “especialmente preocupante” que, por segundo año consecutivo, “las administraciones paguen más tarde que las empresas”, a pesar de que su “plazo legal máximo es la mitad”.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha reclamado una “actuación urgente” y ha subrayado que el compromiso institucional contra la morosidad “debe comenzar por el propio cumplimiento de las normas por parte de las administraciones”.
En la misma línea, ha defendido que el “incremento de la recaudación” por parte de la Administración deja sin validez cualquier argumento que “justifique un empeoramiento de sus plazos de pago”. Por ello, considera que el sector público “debería ser el primero” en respetar los tiempos que exige al resto de agentes económicos para ejercer un “papel ejemplarizante”.
Según el estudio, más de la mitad de los proveedores (55%) señala a la Administración Local como la que “más tarda en pagar”, seguida de la Regional (26%) y la Central (19%). La plataforma recalca que, en todos los niveles administrativos, se incumplen de forma mayoritaria los plazos legales de pago.
En cuanto al sector privado, el informe vuelve a identificar a las grandes compañías como el “eslabón que peor comportamiento presenta en materia de pagos”.
El 67% de los encuestados apunta a este tipo de empresas como las que “más tardan en pagar”, y el 85% sostiene que “pagan muy por encima de los plazos legales”, con un porcentaje significativo que retrasa las facturas “más allá de los 90 días”.
La PMcM resalta que la situación “ha empeorado claramente” en relación con 2024, cuando una proporción mayor de grandes empresas respetaba los plazos (26%). En contraste, solo el 13% de los participantes en la encuesta cita a “micropymes y autónomos” como los principales morosos, lo que, según la entidad, pone de manifiesto “una brecha de comportamiento según el tamaño de la empresa”.
El Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea también advierte de que, en España, la morosidad fuerza a numerosas compañías a “recurrir a financiación externa”. En este contexto, la PMcM destaca la expansión de fórmulas como el “confirming”, cuyo uso, según denuncia, no siempre se comunica con la transparencia que exige la normativa europea.
En el terreno de la subcontratación, el problema “se agrava todavía más”, con plazos medios de pago que llegan a los 87 días. La plataforma sostiene que denuncia “desde hace tiempo” que la cadena de pagos en el sector público “continúa asfixiando a pymes y autónomos”, situados habitualmente en el último eslabón, y que dicha cadena está “mal controlada”.
Como vía de solución, la organización propone que las administraciones “paguen directamente a los subcontratistas”, una fórmula que, según recuerda, ya se aplica en Cataluña y que contribuiría a aliviar las tensiones de liquidez de las empresas.
El estudio también pone de relieve la “persistencia de prácticas abusivas”, como la fijación de plazos de pago superiores a los legales en los contratos, sin consecuencias efectivas para quienes incumplen. Al mismo tiempo, constata que la mayoría de los proveedores no reclama los intereses de demora (89%) ni las compensaciones previstas por la ley (94%).
Para el presidente de la plataforma, esta ausencia de reclamaciones refleja la “falta de eficacia de una normativa que no penaliza de forma efectiva su incumplimiento”. De hecho, una amplia mayoría de los encuestados (91%) ve imprescindible implantar un “régimen sancionador” que garantice el respeto de la ley.
A pesar de este escenario, la ratio de morosidad se redujo en 2025 hasta el 3,3%, por debajo del 5,2% del año anterior. No obstante, la PMcM advierte de que esta mejora no compensa el deterioro de los plazos de pago ni el “impacto estructural” del problema.
En paralelo, la plataforma dirige la atención al futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en fase de tramitación, que contempla sanciones para los incumplidores. Sin embargo, subraya que existe un “amplio desconocimiento” entre las empresas sobre el contenido de esta nueva normativa.
La entidad concluye que la morosidad sigue “siendo un problema estructural en España” que golpea con especial intensidad a pymes y autónomos y reclama “medidas eficaces”, entre ellas un mayor “control real de la cadena de pagos” y “un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de la ley”.