El letrado Javier Arauz de Robles, que representa a varias asociaciones de personal público temporal y fue quien impulsó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el procedimiento sobre la temporalidad en la Administración española, ha sostenido que el pronunciamiento hecho público este martes por el tribunal europeo obliga al Gobierno de España a aprobar una norma que convierta en fijos a los empleados públicos que hayan sufrido abuso en la utilización de contratos temporales.
Así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada este martes para valorar la resolución del TJUE sobre el encaje del ordenamiento español en la normativa comunitaria en materia de temporalidad. La justicia europea ha concluido que las medidas vigentes en España para combatir el encadenamiento de contratos temporales en el sector público no se ajustan al Derecho de la Unión, al considerar que no permiten sancionar "debidamente" estas prácticas ni "eliminar las consecuencias" del incumplimiento.
Arauz de Robles ha subrayado que, tras el criterio fijado por el TJUE, la única vía real es la estabilización "automática" de quienes ocupan plazas temporales en la Administración. En este contexto, ha planteado recurrir a la figura del fijo a extinguir como "solución intermedia" para dar salida jurídica a la situación creada.
Según ha detallado, el fijo a extinguir es una figura laboral muy frecuente durante la Transición, que reconoce a la persona trabajadora los mismos derechos que a los funcionarios de carrera. En la práctica, la plaza que hoy ocupa un interino pasaría a estar desempeñada por un fijo a extinguir hasta su jubilación o cese voluntario —nunca mediante cese forzoso— y, solo entonces, la vacante se incorporaría a la oferta de empleo público ordinaria.
"Casi todos los partidos políticos, salvo PSOE y PP, casi todos los partidos consideran que es una solución intermedia", ha defendido el abogado al referirse al respaldo político que, a su juicio, concita esta figura.
No obstante, Arauz ha precisado que será el Tribunal Supremo quien deba fijar la fórmula jurídica adecuada para ejecutar la sentencia europea. El TJUE ha señalado que la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo "supone mantener una relación laboral de naturaleza temporal", por lo que corresponderá al Alto Tribunal decidir si procede transformar a estos trabajadores en fijos o si opta por alternativas como el fijo a extinguir.
"Supongo que optará por el primero", ha señalado Arauz de Robles, que ha advertido de que actualmente hay entre 40.000 y 50.000 procedimientos judiciales suspendidos a la espera de este pronunciamiento y ha avanzado que, en aproximadamente mes y medio, se espera una sentencia del Tribunal Supremo que clarifique el escenario.
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025, en España existen 999.738 empleados públicos temporales, lo que equivale al 32,3% del total del empleo público, y alrededor del 75% de estas personas son mujeres.
Advierte de posibles sanciones económicas
El abogado Javier Arauz de Robles ha recalcado que el fallo europeo es "contundente" y que no deja margen a otra salida jurídica distinta de la fijeza, salvo recurrir a indemnizaciones sin tope para los temporales afectados. A estas compensaciones habría que sumar, ha indicado, las eventuales sanciones que la Unión Europea podría imponer a España por no adaptar su legislación. El Ejecutivo se comprometió con Bruselas a reducir la tasa de temporalidad al 8% antes de que finalizara 2024, una meta que no se ha alcanzado y que continúa por encima del 32%.
"Un Gobierno que prefiere perder este dinero (de los fondos europeos por no cumplir el hito de la reducción de la temporalidad) a estabilizar, se lo tiene que hacer mirar porque es un Gobierno enfermo", ha señalado Arauz, que ha criticado la ausencia de voluntad política para convertir en fijos a los temporales de la Administración y ha atribuido esta responsabilidad tanto al PP como al PSOE.
En la misma línea, ha reprochado al Gobierno que sugiera que una regularización masiva chocaría con la Constitución. Ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) únicamente establece que el acceso al empleo público debe hacerse mediante un proceso selectivo y ha remarcado que "todos los interinos lo han hecho".
En paralelo, desde Unive Abogados sostienen que, una vez descartadas por el TJUE las principales respuestas que se venían aplicando en España, la fijeza se afianza como "la única vía realmente eficaz" para reparar el abuso sufrido por decenas de miles de empleados públicos temporales.
Para este despacho, la decisión del tribunal europeo vuelve a insistir en una idea clave: el Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a articular "medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas" para prevenir y, en su caso, castigar el uso abusivo de contratos o relaciones temporales sucesivas en el sector público. "Y, en este caso, el TJUE considera que las principales respuestas que se han venido aplicando en España no cumplen adecuadamente con esa exigencia", han recalcado.