La desconexión de los primeros 1.000 megavatios (MW) de potencia firme de Almaraz I provocaría un aumento directo del coste de la vida del 23% para hogares y pequeñas y medianas empresas y del 35% para la industria, de acuerdo con un informe sobre el sector energético en España elaborado por OBS Business School.
En términos prácticos, ese impacto para familias y pymes se traduciría en un sobrecoste anual de entre 150 y 250 euros, mientras que para el tejido industrial el estudio anticipa un riesgo de deslocalización. Para las actividades del sector servicios prevé un encarecimiento de entre el 15% y el 20% por el traslado de los mayores costes a los precios finales.
El documento remarca que este aumento del 23% y del 35% es una estimación “ceteris paribus” y advierte de que, si para 2027 no se ha desplegado de forma masiva capacidad de baterías y sistemas de almacenamiento, “la volatilidad podría disparar estas cifras en episodios de calima o falta de viento”.
OBS Business School calcula que, tras el cierre completo de Almaraz entre 2027 y 2028, conforme al calendario actual de clausura del parque nuclear, el precio del mercado mayorista eléctrico (‘pool’) se encarecerá entre 13 y 37 euros por megavatio hora (MWh), a lo que se sumará el efecto al alza de los derechos de emisión de CO2 por un mayor uso de gas natural.
El análisis añade que la retirada de la generación nuclear dejará un hueco de entre 55 y 60 teravatios hora (TWh) al año. En este contexto, las previsiones para el periodo 2030-2035 apuntan a la necesidad de contar con unos 20 gigavatios (GW) de potencia de almacenamiento –baterías y bombeo– y de mantener en servicio los ciclos combinados de gas como “seguro de vida, lo que encarecerá los peajes de acceso”.
El informe también incide en una mayor exposición a apagones, ya que sin la inercia que aportan los grandes turbogeneradores nucleares, episodios como el del 28 de abril del año pasado podrían repetirse si no se extiende de forma masiva la tecnología de inversores de formación de red.
Asimismo, alerta de que el cierre y desmantelamiento de estas instalaciones implica la desaparición de miles de puestos de trabajo de alta cualificación técnica que “difícilmente serán absorbidos por el sector renovable, menos intensivo en mano de obra operativa”.
DIGITALIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Por otro lado, el informe, coordinado por el profesor Víctor Ruiz Ezpeleta, señala que es “urgente” destinar inversiones a la digitalización y al almacenamiento eléctrico para reducir riesgos económicos que podrían suponer pérdidas de miles de millones de euros en ramas clave como la industria y los servicios.
El estudio prevé además que para 2026 el consumo eléctrico marcará máximos históricos e indica que “la prioridad absoluta” del sector en este ejercicio será ganar flexibilidad y modernizar las redes.
En esta línea, augura un despliegue masivo de baterías para almacenamiento y una mejora de la interconexión eléctrica entre España y el resto de Europa.
Con el fin de evitar que se repitan episodios como el del “cero eléctrico”, el informe de OBS plantea que se exija a las nuevas instalaciones renovables el uso de inversores de “formación de red” (grid-forming) capaces de emular la inercia de las máquinas síncronas convencionales.
También propone incorporar algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) en los centros de control para anticipar y aislar fallos en cuestión de microsegundos, antes de que se propaguen y se conviertan en un problema sistémico.