El Banco de España orientará en 2026 su labor de supervisión sobre las entidades hacia los principios de concesión de crédito responsable, así como hacia los requisitos de información previa en los préstamos al consumo y las hipotecas. Junto a ello, revisará con especial atención los modelos de gobernanza interna vinculados a la conducta de las entidades.
Estas prioridades han sido trasladadas por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, a las entidades financieras durante la clausura de la cuarta edición del Foro Supervisor de Conducta de Entidades. Este encuentro, de carácter anual, sirve para exponer las orientaciones supervisoras en materia de conducta y trato a la clientela y, al mismo tiempo, para que el sector pueda hacer llegar sus preocupaciones a la autoridad monetaria.
La sesión ha arrancado con la exposición de las principales actuaciones previstas por el Departamento de Conducta de Entidades para 2025, algunas de las cuales se convertirán en expectativas supervisoras y, en determinados casos, se plasmarán también en comunicaciones dirigidas al público.
En su intervención previa al debate que puso fin al foro, el gobernador del Banco de España ha subrayado la "relevancia" de dispensar un trato adecuado a la clientela como herramienta de protección ex-ante para ambas partes, tanto para los clientes como para las propias entidades.
Del mismo modo, Escrivá ha instado a las entidades a ir más allá del mero cumplimiento formal de la normativa, de las buenas prácticas y de las expectativas del supervisor. Les ha reclamado que impulsen una "evolucione" de su cultura corporativa para lograr un equilibrio razonable entre los legítimos objetivos de rentabilidad del negocio y la obligación de ofrecer "un trato honesto y justo" a los clientes, que responda de forma efectiva a sus intereses y necesidades.
En paralelo, el Banco Central Europeo (BCE) ha adelantado esta misma semana que, entre sus prioridades supervisoras para el periodo 2026-2028, figura el refuerzo de la capacidad de resistencia de las entidades ante los riesgos geopolíticos y las incertidumbres macrofinancieras. Esto implica mantener criterios estrictos de concesión de crédito, niveles de capitalización adecuados y una gestión prudente de los riesgos vinculados al clima y a la naturaleza.