El Banco Central de Rusia ha interpuesto un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) contra el Reglamento del Consejo de la UE aprobado el pasado 12 de diciembre, por el que se decreta la inmovilización sin plazo de los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en territorio de los Veintisiete.
La acción judicial ante el TGUE, con sede en Luxemburgo, se registró el 27 de febrero y se enmarca en la estrategia de las autoridades rusas para cuestionar las “acciones ilegales” de la Unión Europea dirigidas contra los activos soberanos del Banco de Rusia.
La normativa comunitaria adoptada en diciembre veta cualquier transferencia, ya sea directa o indirecta, de los activos pertenecientes al Banco de Rusia por un periodo indefinido y, además, impide la tutela judicial efectiva de los derechos presuntamente vulnerados sobre dichos activos, incluso bloqueando la ejecución de resoluciones judiciales o laudos arbitrales que pudieran dictarse respecto a las medidas recogidas en esta ley.
Por este motivo, la institución encabezada por Elvira Nabiúllina sostiene que el Reglamento vulnera derechos fundamentales e inalienables, como el acceso a la justicia, la protección de la propiedad y el principio de inmunidad soberana de los Estados y de sus bancos centrales, amparados por tratados internacionales y por el propio Derecho de la Unión Europea. A su juicio, ello entra en conflicto con los pilares del Estado de Derecho y resulta incompatible con el principio de supremacía de la ley.
Asimismo, el Banco de Rusia denuncia que, al aprobar el Reglamento cuestionado, el Consejo de la UE incurrió en “graves infracciones procesales”, puesto que no fue adoptado por unanimidad de los Estados miembros, sino por mayoría, soslayando, según la parte rusa, las exigencias del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En este contexto, el Banco de Rusia afirma que mantiene intactos todos sus derechos, reclamaciones, objeciones y vías de recurso frente al Reglamento europeo y frente a cualquier otra decisión que adopten la Unión Europea o sus Estados miembros en relación con la institución o con sus activos.
Con anterioridad, el 12 de diciembre de 2025, el banco emisor ruso ya había presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear, en la que exige a la depositaria belga el abono de 18,2 billones de rublos (199.520 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios por el uso no autorizado “directo o indirecto” de los activos de la entidad.
En paralelo, el Banco de Rusia ha reiterado que los proyectos de la Comisión Europea para emplear de forma directa o indirecta sus activos, así como cualquier modalidad de utilización no autorizada de los mismos, “son ilegales, contrarios al derecho internacional y, en particular, violan los principios de inmunidad soberana de los activos”, adelantando que responderá con nuevas acciones legales frente a cualquier medida en ese sentido.