El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho públicos este sábado los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno el viernes, diseñados para amortiguar el impacto de la guerra en Irán mediante un amplio paquete de actuaciones que empezarán a aplicarse este domingo.
El plan, valorado por el Ejecutivo en 5.000 millones de euros movilizados, se articula en dos normas: por un lado, un real decreto ley con medidas económicas de carácter general, que contempla rebajas fiscales en carburantes, electricidad y gas, así como ayudas específicas a los sectores más golpeados; y, por otro, otro decreto que establece la congelación de los alquileres durante dos años, una iniciativa impulsada por Sumar.
Aunque ya figuran en el BOE, las disposiciones no entrarán en vigor hasta este domingo y deberán ser convalidadas posteriormente en el Congreso de los Diputados, donde se someterán a votación el próximo jueves, 26 de marzo.
Tras el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó la luz verde a un “plan integral de respuesta a la crisis” en Oriente Próximo, desencadenada tras la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán: “Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias”, explicó.
“Nadie sabe cómo va a evolucionar esta situación, esta crisis. El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos”, señaló.
El real decreto ley de medidas coyunturales contempla la rebaja del IVA del 21% al 10% en carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se mantiene congelado el precio máximo de venta del butano y el propano y se reimplanta la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria.
Asimismo, se incluye la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5% permitido por la Unión Europea.
Entre otras medidas, la norma fija la rebaja al mínimo legal del tipo del impuesto de hidrocarburos, una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional utilizado en su actividad por transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, y la prohibición de que las empresas ejecuten despidos objetivos alegando causas económicas derivadas del conflicto.
El paquete incorpora también un refuerzo del control sobre los márgenes empresariales de las compañías suministradoras de combustible, una de las reclamaciones de Sumar, junto con la congelación temporal de los contratos de alquiler, recogida en un decreto separado.
En concreto, este segundo real decreto ley prevé la prórroga extraordinaria y automática, por un máximo de dos años, de los contratos de arrendamiento que venzan en 2026 y 2027, que Sumar estima en más de un millón de contratos y que podrían afectar a 2,7 millones de personas.