El Boletín Oficial del Estado ha difundido este miércoles, dentro del paquete de medidas urgentes en materia laboral, la continuidad del salario mínimo interprofesional (SMI) fijado en 1.184 euros brutos mensuales en catorce pagas, “hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026”.
No obstante, tal y como ha precisado la Dirección General de Trabajo, el Ejecutivo subraya que la determinación del salario mínimo interprofesional no caduca automáticamente al finalizar el periodo de vigencia del real decreto anual correspondiente, si bien apunta que la seguridad jurídica “aconseja despejar cualquier duda interpretativa”.
Así, dado que para este ejercicio se había marcado como plazo de vigencia el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, y con el objetivo de salvaguardar tanto la seguridad jurídica como la continuidad del papel del SMI, el Gobierno considera imprescindible “mantenerlo transitoriamente a partir del próximo 1 de enero”, hasta que se dé luz verde al real decreto que establecerá el salario mínimo interprofesional para 2026.
“Hasta que se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, se prorroga la vigencia del Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025”, recoge literalmente la disposición publicada.
Negociación del de 2026
El Ministerio de Trabajo tiene previsto convocar de nuevo a los agentes sociales tras las fiestas navideñas para retomar la negociación de la subida del SMI de 2026, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
De esta forma, el salario mínimo arrancará 2026 en 1.184 euros mensuales en catorce pagas, la misma cuantía que en 2025, y más adelante se revisará al alza con la subida que finalmente se acuerde, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, del mismo modo que ocurrió con el incremento de este año, aprobado a comienzos de febrero.
Trabajo mantuvo la semana pasada un primer encuentro con sindicatos y patronal, en el que se presentó el informe del Comité de Expertos sobre el SMI. En dicho documento se plantean dos posibles incrementos: un 3,1% si el SMI continúa sin tributar y un 4,7% en el caso de que pase a hacerlo.
En términos prácticos, estas alternativas implicarían elevar el SMI para el próximo año en 37 euros al mes, hasta 1.221 euros mensuales en catorce pagas, si se mantiene exento de tributación, o aumentarlo en 56 euros al mes, hasta 1.240 euros mensuales, si finalmente se decide someterlo al IRPF.
Desde el Ministerio de Hacienda se defiende que el salario mínimo debe incrementarse para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con retribuciones más bajas, un colectivo en el que predominan mujeres y jóvenes. En relación con la posible tributación del SMI, Hacienda subraya que lo esencial es que el salario neto de quienes perciben esta renta mínima crezca lo suficiente para cumplir con la Carta Social Europea, es decir, que el salario mínimo no se sitúe por debajo del 60% del salario medio nacional neto.
Los sindicatos CCOO y UGT han propuesto una subida de esta renta mínima del 7,5%, hasta 1.273 euros brutos mensuales en catorce pagas, con tributación obligatoria en el IRPF.
Por su parte, la CEOE ha puesto sobre la mesa un incremento del SMI del 1,5% para 2026, condicionado a que se mantengan intactas las reglas de absorción y compensación, una postura que choca con las posiciones de las organizaciones sindicales y del propio Ministerio de Trabajo.