El campo español ha salido en bloque este jueves para hacer visible su malestar. Las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA han coordinado una gran movilización a nivel estatal en la que más de una treintena de provincias se ha echado a la calle para denunciar los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC) y en el acuerdo comercial UE-Mercosur.
El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, ha remarcado que el sector agrario se considera el principal defensor del “interés de los consumidores, de que no los engañen, de que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”.
En declaraciones a los medios, Marín ha avisado de que “no vamos a consentir que nos corten el agua, nos recorten la PAC, que acaben con las miles de familias que vivimos de esta digna profesión”. Ha subrayado que el campo no está dispuesto a asumir más recortes ni a ver cómo se pone en riesgo su viabilidad.
Las tres organizaciones convocantes han coincidido en valorar la jornada como un “rotundo éxito”, ya que, según ha reconocido Marín, “ha superado todas nuestras expectativas”. Han participado más vehículos de los previstos inicialmente, una horquilla que se situaba entre 2.000 y 2.500, lo que a su juicio demuestra el profundo malestar del sector.
Marín ha reclamado que las administraciones escuchen de una vez a las organizaciones agrarias “a todos los niveles, porque no hacemos esto porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque el sector agrario necesita respuestas ya, porque hemos hecho muchas movilizaciones”. Ha incidido en que la paciencia del campo se agota ante la falta de soluciones concretas.
El dirigente de COAG-IR ha cargado también contra la “gobernanza de la Unión Europea, que ha decidido que el sector primario no es estratégico, que producir alimentos no es necesario, porque van a venir de terceros países y esto no los vamos a consentir”. A su juicio, esta orientación política pone en peligro la producción comunitaria y abre la puerta a importaciones sin las mismas exigencias.
Por su parte, el secretario general de UPA, Marcos Alarcón, ha destacado la respuesta “masiva y ejemplar” de agricultores y ganaderos, que han respaldado unas reivindicaciones centradas en “acuerdos comerciales justos, presupuesto suficiente para la PAC, garantía de agua, defensa del trasvase, garantía y disponibilidad de agua a un precio suficiente, moratoria en el acceso del agua a los acuíferos o acceso a los jóvenes”, entre otras demandas clave para el futuro del campo.
Alarcón ha reclamado igualmente “una respuesta de las administraciones a la altura de la movilización que se está produciendo hoy aquí en la Región de Murcia y en el conjunto del país, para abordar los problemas, las incertidumbres, los riesgos que amenazan el presente y el futuro de la actividad agraria en Murcia y en el conjunto de España y de Europa”. Ha insistido en que las instituciones deben pasar de las palabras a los hechos.
Desde Asaja, su secretario general, Alfonso Gálvez, ha calificado de “erróneas y dañinas” las políticas de la UE, al considerar que “no tienen en cuenta las necesidades del sector y, lo que es más grave, sin tener en cuenta lo que dicta el Parlamento Europeo”. A su entender, la normativa europea se está diseñando de espaldas al campo.
En el caso concreto de la Región de Murcia, Gálvez ha recordado que “tenemos un potencial agrícola muy importante que se puede ver perjudicado y truncado con estas políticas”. Ha advertido de que el modelo productivo murciano, altamente competitivo, podría verse seriamente afectado si no se rectifica el rumbo actual.
El responsable de Asaja ha incidido en que la protesta del campo murciano “es una pequeña parte de lo que supone y lo que mueve el sector agrario en la Región de Murcia, el peso tan importante que tiene la agricultura y la relevancia como sector estratégico, dado que facilita el suministro de alimentos sanos y seguros de calidad a toda la población, tanto española como de la Unión Europea, y eso está en juego con la deriva que están tomando las políticas comerciales de la Unión Europea”.
Por este motivo, ha exigido una “protección al sector, pero ya estamos sufriendo un grave daño con lo que supone la entrada masiva de productos de Marruecos, Egipto o Sudáfrica sin que la UE, ni las autoridades nacionales tomen medidas para evitar esta competencia desleal que tanto daño está haciendo”. Ha denunciado que estos productos no siempre cumplen las mismas condiciones que se exigen a los agricultores europeos.
Gálvez ha reclamado también “la garantía de agua para poder seguir regando” en el sureste español, puesto que “se nos amenaza con ese recorte en el trasvase Tajo-Segura”, y ha pedido que se generen “las condiciones adecuadas para que exista un relevo generacional que dé continuidad a esta importante labor que hacen los agricultores y ganaderos de suministrar alimentos sanos y seguros”.