El comité de empresa de la planta de Solvay en Barreda (Cantabria), integrado por UGT-FICA, CCOO y USO, ha rechazado la propuesta de la multinacional para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de hasta 77 despidos, al considerar que se plantea "sin un plan industrial y con el único propósito de reducir plantilla y aumentar la precariedad en la planta".
Según ha explicado el órgano sindical, en la primera reunión del periodo de consultas celebrada este martes, la dirección "se ha limitado a cumplir estrictamente las formalidades con la entrega de la documentación obligatoria".
"Pero, más allá de las formalidades, en la documentación que nos han entregado se puede ver lo que realmente pretende Solvay con el ERE, que, además de la reducción de empleo, es básicamente una precarización de su fábrica de Torrelavega", señalan en un comunicado los sindicatos, que han fijado nuevos encuentros con la empresa los días 10, 12, 16, 19, 23 y 26 de marzo, con la previsión de cerrar la negociación el 1 de abril.
El comité ha precisado que los despidos planteados —vinculados a una optimización de la capacidad de fabricación de carbonato sódico a partir del tercer trimestre de este año— afectarían a todas las áreas de la factoría de Barreda, con la única excepción de Dirección y Recursos Humanos, y se extenderían a todas las categorías profesionales.
"Detrás de los despidos pretendidos suponemos que está una reorganización basada en la subcontratación o la externalización total de la actividad que sigue siendo necesaria y va a continuar, pero se pretende que con un coste muy inferior", ha señalado el comité, que ha reiterado su oposición al ajuste: "Nos han confirmado que no existe ningún plan industrial por parte de Solvay, apoyado en inversiones que puedan garantizar un futuro a medio o largo plazo de esta fábrica".
Los representantes de la plantilla —actualmente formada por 320 trabajadores— han recordado el respaldo económico de las administraciones públicas a la transición energética de Solvay, mediante el PERTE de descarbonización y los Certificados Energéticos, además de las ayudas que la compañía percibe "cada año por diferentes conceptos".
En este contexto, han advertido de que el ERE comunicado "sólo es una etapa más de un plan de cierre progresivo de la planta de Torrelavega. Si la competitividad sólo se puede asegurar a través de la precarización del empleo, no hay futuro para esta fábrica", han manifestado.
Por ello, UGT-FICA, CCOO Industria y USO Industria rechazan "totalmente" el expediente e insisten en que son imprescindibles nuevas inversiones y un plan industrial "no especulativo", subrayando que "todo ajuste de producción y plantilla debe hacerse a través de un Plan Social", tal y como, recuerdan, se ha procedido "en anteriores ocasiones" en la fábrica de Barreda.