El Pleno del Congreso someterá a votación el jueves, 26 de febrero, la convalidación o derogación de cuatro reales decretos leyes aprobados por el Gobierno. Se trata de las normas que regulan las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el mecanismo para limitar precios de determinados productos y servicios en situaciones de emergencia.
Al tratarse de decretos leyes, todas estas medidas se aplican desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero requieren el aval del Congreso en el plazo máximo de treinta días para quedar definitivamente convalidadas o, en su caso, derogadas.
El decreto de apoyo a las víctimas de los siniestros ferroviarios prevé compensaciones económicas que van desde los 2.404 hasta los 84.141 euros, según la gravedad y tipología de los daños sufridos. En paralelo, el decreto que fija un tope a los precios persigue limitar el coste de productos y servicios en contextos excepcionales, como los accidentes ferroviarios registrados el pasado mes de enero o los temporales recientes en Andalucía.
Con esta regulación, el Ejecutivo podrá establecer un precio máximo para un bien o servicio cuando declare una situación de emergencia, de forma que no pueda superar el precio más alto que hubiera tenido en los treinta días naturales previos al inicio de dicha situación.
Votación separada de pensiones y escudo social
El Parlamento también decidirá el futuro de los decretos que amplían la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la actualización de las pensiones, medidas que ya se llevaron al Pleno hace menos de un mes en un único texto legislativo. Aquella iniciativa fue rechazada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Las formaciones que se opusieron entonces alegaron, entre otros motivos, que respaldaban la revalorización de las pensiones pero no compartían la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a los hogares vulnerables. Ante esta situación, el Gobierno optó por desgajar el contenido y tramitarlo en dos decretos distintos.
Asimismo, a instancias del PNV, el Ejecutivo incluyó un cambio en el decreto del escudo social para excluir de la prohibición de desahuciar a los propietarios que disponen únicamente de una vivienda en alquiler. Pese a esta modificación, PP, Vox y Junts han reiterado que mantienen su oposición al decreto.