El Pleno del Congreso se pronunciará este martes, 27 de enero, sobre la convalidación o derogación de los decretos leyes que recogen, por un lado, la extensión de las ayudas al transporte público, y por otro las medidas de “escudo social” y la subida de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta votación sin apoyos cerrados, ya que ni PP ni Junts dan por asegurado su respaldo y, junto con Vox, alcanzan la mayoría absoluta.
Ambos decretos fueron aprobados en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, el último del año. Como ocurre con cualquier decreto ley, están vigentes desde su publicación, pero el Ejecutivo está obligado a remitirlos al Congreso para que se sometan a convalidación o derogación, cuestión que se resolverá en esta sesión.
La votación tendrá lugar en un pleno extraordinario, ya que enero es un mes inhábil en términos parlamentarios en la Cámara Baja, tal y como establece la Constitución.
En un primer momento, se daba por hecho que los dos decretos saldrían adelante sin dificultades, como ya sucedió en ocasiones anteriores. No obstante, los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han provocado hasta 46 fallecidos, han alterado el panorama político. Tanto PP como Junts, muy críticos con el Ejecutivo por la gestión de estos siniestros, evitan aclarar cuál será finalmente el sentido de su voto.
Vox tampoco ha desvelado qué hará, aunque suele rechazar las iniciativas del Gobierno de coalición, al que acusa de corrupto, y ya ha registrado una petición de cese del ministro de Transportes por la responsabilidad política que le atribuye en el siniestro de Córdoba.
Entre los tres partidos (PP, Vox y Junts) suman 177 escaños, una mayoría absoluta que permitiría tumbar los decretos si optan por el ‘no’.
El PP se distancia del apoyo
Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo indicaron a Europa Press que lo sucedido en Adamuz “complica todo” en el terreno parlamentario y aleja el ‘sí’ del grupo. Por su parte, Junts ha reclamado la comparecencia de Puente en el Parlamento “por la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña”.
Prórroga de las ayudas al transporte público
El decreto centrado en el transporte prolonga, desde el 1 de enero y durante todo 2026, las bonificaciones al transporte público ya vigentes. En los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años continuarán viajando sin coste. El bono de diez viajes seguirá con un descuento del 40%, el abono mensual nominativo mantendrá la rebaja del 50% y el abono joven hasta los 26 años conservará la reducción del 70%.
El paquete incorpora además un abono único de transporte válido para todo el territorio nacional, con un precio de 60 euros (30 para menores de 26 años). Este título integra los autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia.
Decreto ómnibus de pensiones y escudo social
El segundo decreto ley contempla una revalorización general del 2,7% para las pensiones, junto con otras medidas englobadas en el denominado escudo social, entre ellas la prohibición de los desahucios y del corte de suministros básicos de agua, luz y gas a personas vulnerables.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que con este decreto se actualizará la cuantía de cerca de trece millones de pensiones en España.
Según detalló Saiz, las pensiones mínimas subirán un 7%, un incremento que en algunos casos alcanzará el 11,4%, como en las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se elevarán igualmente un 11,4%.
La norma también establece la revisión de las bases de cotización del sistema de la Seguridad Social y mantiene para 2026 la misma tabla de cotización de los trabajadores autónomos que rigió el año anterior.
Asimismo, se incluyen incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos y la exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivados de los incendios forestales del pasado verano en distintas comunidades autónomas.
Hace un año, PP y Junts ya hicieron caer otro decreto “ómnibus”, reprochando al Gobierno de coalición que mezclara múltiples medidas en una sola norma, lo que obligó al Ejecutivo a tramitar semanas después un nuevo decreto más acotado.