El Pleno del Congreso afrontará este martes, 10 de febrero, el debate y la votación de una proposición de ley registrada por el PP que pretende que el Gobierno tenga la obligación de llevar ante las Cortes Generales cualquier crédito extraordinario o suplementario vinculado al ámbito de la defensa y la seguridad.
La iniciativa impulsada por el partido de Alberto Núñez Feijóo se presenta en un contexto en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde, sin el aval previo del Congreso, a un incremento del gasto militar de 10.471 millones con el objetivo de alcanzar el 2%. Asimismo, se ha comprometido a llegar al 5% con la OTAN, aunque la Alianza ha concedido a España "flexibilidad" para lograr esa cifra, siempre que se respeten los compromisos de capacidades pactados.
En el texto, la formación de Alberto Núñez Feijóo subraya que estas decisiones se adoptan mientras el Gobierno está en "minoría parlamentaria", por lo que el PP ve "más necesario que nunca" obligar al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para aprobar créditos extraordinarios y suplementos de crédito cuando afecten al gasto en defensa o al presupuesto militar.
Para materializar este cambio, el PP propone modificar el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, que regula los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito del Estado, con el fin de dejar claro que los relacionados con defensa deberán ser sometidos al control de las Cortes.
Veto a las transferencias entre ministerios
Junto a esta reforma, el grupo de Alberto Núñez Feijóo incluye en su proposición la prohibición al Ejecutivo de seguir utilizando la figura de las transferencias de crédito entre secciones presupuestarias de distintos ministerios ante la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En concreto, el PP plantea impedir las transferencias de crédito entre secciones de diferentes departamentos, un mecanismo actualmente permitido por el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023.
Dicho precepto establece que, mientras estén vigentes las cuentas públicas, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la competencia para aprobar modificaciones presupuestarias mediante transferencias de crédito entre secciones con el fin de atender necesidades "ineludibles", así como entre secciones que afecten a partidas financiadas con fondos europeos.
El PP sostiene que esta herramienta estuvo justificada en el contexto excepcional de la pandemia, pero considera que hoy se ha convertido en "una puerta trasera para escapar al control presupuestario". Además, el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal, ha criticado que esta práctica es "contraria a la Ley General Presupuestaria" al permitir reasignar recursos que el Parlamento destinó en su día al Ministerio de Sanidad hacia el Ministerio de Defensa.
Ante esta situación, el grupo parlamentario propone derogar el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023 y establece que "quedan expresamente prohibidas las transferencias de crédito entre secciones".