El Pleno del Congreso someterá a votación el próximo jueves el Real Decreto-ley que establece una revisión automática de las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando el precio de los carburantes experimente un incremento del 5%. Con esta norma, el Gobierno busca que las oscilaciones en el coste del combustible se reflejen de manera directa en el precio del servicio de transporte.
Al tratarse de un decreto ley, la norma se aplica desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero, de acuerdo con la Constitución, debe ser sometida a convalidación o derogación en la Cámara Baja en un plazo máximo de treinta días. El Ejecutivo ha optado por no demorar este trámite y ha fijado la votación para el jueves, 30 de abril, según figura en el borrador del orden del día del Pleno al que ha tenido acceso Europa Press.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, detalló que este decreto ley responde a la situación excepcional generada por el conflicto en Oriente Medio, que ha encarecido los combustibles y está impactando en el sector del transporte, integrado en gran medida por pequeñas y medianas empresas.
Con este mecanismo de actualización automática de los precios, el Ejecutivo pretende reforzar la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas aprobada en el anterior decreto ley de rebajas fiscales en el ámbito energético, adoptado a raíz del conflicto en Irán.
Las disposiciones de este nuevo decreto ley se concentran en el transporte de mercancías por carretera. La norma consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión de las tarifas de transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible, revisión que deberá quedar reflejada de forma expresa en la factura. Asimismo, se incorpora un régimen sancionador específico para los casos en que no se cumpla con esta obligación.
Ayudas al transporte ferroviario de mercancías
Paralelamente, el texto contempla medidas concretas para el transporte ferroviario de mercancías, entre ellas una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel.
Estas subvenciones serán de 15.000 euros por cada locomotora en servicio, con una dotación global de 3,15 millones de euros, con la finalidad de evitar que el ferrocarril pierda competitividad frente a otros medios de transporte y garantizar su permanencia dentro de la cadena logística.
El decreto también incrementa los apoyos previstos para los servicios de transporte marítimo regular en siete millones de euros adicionales a los treinta ya contemplados, con el fin de incluir de forma expresa a los servicios de carga exclusiva entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y Melilla, así como entre puertos de los propios Archipiélagos.
Junto a estas medidas principales, la norma introduce ajustes y precisiones en el marco regulatorio vigente, como la incorporación de determinados colectivos al sistema de ayudas recogido en el decreto anterior (eurotaxis o taxis adaptados a personas con movilidad reducida) y la adecuación de las medidas a territorios con particularidades específicas como Ceuta y Melilla.