El Congreso ha dado luz verde este jueves a una iniciativa del PNV que urge al Gobierno a estudiar la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos o la revisión de sus condiciones financieras con la SEPI, una votación que ha salido adelante con el único rechazo del PSOE.
La propuesta forma parte de una proposición no de ley registrada por el PNV para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y de los grandes consumidores de energía. En esta votación, Vox, Junts y UPN se han abstenido, mientras que el resto de grupos, entre ellos PP y Sumar, han apoyado el texto.
En detalle, la Cámara Baja emplaza al Ejecutivo a estudiar, junto con la empresa y las administraciones implicadas, la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI o la adaptación de sus condiciones financieras, condicionando cualquier cambio a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo.
Además de esta reclamación, el PNV ha obtenido un amplio respaldo parlamentario a otra iniciativa para que el Gobierno modifique el impuesto del 7% a la generación eléctrica, situándolo en el 0%, con la finalidad de abaratar de forma directa el coste final de la electricidad para la industria. En este punto, PSOE y Sumar han votado en contra.
La Cámara también ha aprobado otros puntos de la proposición no de ley, entre ellos la defensa de los intereses de la industria siderúrgica en el ámbito de la Unión Europea, en especial en el debate sobre la regulación del mercado del acero, así como asegurar que cada año se destine el 25% máximo que permite la normativa europea de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a compensar los costes indirectos de CO2 que soporta la industria.
Igualmente, ha salido adelante una petición para rebajar los cargos y peajes que pagan los consumidores electrointensivos, impulsar en el seno de la Comisión Europea la ampliación de los sectores que pueden acogerse a las compensaciones por CO2 indirecto, incorporando nuevos códigos CNAE de actividades industriales en riesgo de deslocalización, y activar los instrumentos necesarios para responder al impacto de la política arancelaria internacional sobre los sectores industriales afectados.
Por último, el Congreso solicita al Gobierno que estudie las posibilidades que ofrece el marco normativo europeo de ayudas para una industria limpia (CISAF) con el fin de reducir el coste del suministro eléctrico.