La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría, ha dado luz verde este martes por la noche al escrito de disconformidad presentado por el Gobierno contra una enmienda del PP aprobada en el Senado para reducir el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos, cuya convalidación estaba prevista para este jueves en el Pleno.
Esta propuesta se había incorporado durante la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y planteaba que entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio se rebajara el IVA de carnes, pescados y conservas hasta el 4%, además de suprimir por completo este impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres durante ese mismo periodo.
El Ejecutivo ya había intentado frenar en el Senado esta enmienda incluida en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, apelando a la facultad que le otorga la Constitución para bloquear la tramitación de cualquier iniciativa legislativa que suponga “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”. El Gobierno argumentaba que la rebaja fiscal implicaría para la Administración General del Estado una merma de recursos de 3.780 millones de euros.
El Senado ignoró el veto del Ejecutivo
No obstante, la Mesa del Senado, controlada por el PP, decidió no atender el escrito de disconformidad y permitió que la enmienda continuara su recorrido parlamentario sin trabas en la Cámara Alta, hasta llegar a ser aprobada en el Pleno.
La situación cambió al llegar el texto al Congreso, donde el Gobierno ha vuelto a plantear el veto a la enmienda, esgrimiendo idénticos motivos de impacto presupuestario. En esta ocasión, la Mesa de la Cámara Baja, dominada por PSOE y Sumar, ha aceptado el bloqueo tras una reunión celebrada al término de la sesión plenaria.
Durante la presente legislatura, el Congreso ya ha frenado en varias ocasiones enmiendas que habían salido adelante en el Senado, como ocurrió con la Ley de desperdicio alimentaria o la Ley de navegación aérea. En ambos supuestos, la Cámara Alta abrió un conflicto de atribuciones que deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional.