La normativa que busca regular los alquileres de temporada y el arrendamiento de habitaciones llegará al Pleno del Congreso para su votación el próximo mes de febrero, según ha comunicado el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid. En la nota, la organización asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha comprometido “esta misma mañana” a que el calendario se cumpla.
La propuesta implica una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, incorporando la regulación específica de los alquileres de temporada y de habitaciones, que quedaron excluidos de la Ley de Vivienda, así como un conjunto de medidas destinadas a blindar a los arrendatarios frente a incrementos abusivos de precios y diversas prácticas fraudulentas.
Desde el sindicato madrileño han detallado que el texto introduce una prórroga adicional de tres años para los contratos situados en zonas tensionadas. Consideran que esta herramienta es clave para frenar los desalojos derivados del auge de los ‘colivings’ y de los alquileres de temporada. No obstante, han advertido de que su aplicación se limitaría a Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias, dejando fuera “a muchos hogares”.
La iniciativa, registrada por los sindicatos de inquilinos, cuenta ya con el respaldo del PSOE y del PNV, que se sumaron el pasado mes de noviembre, además de las formaciones que ya habían mostrado su apoyo con anterioridad: ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG. De este modo, han subrayado desde el sindicato, únicamente serían necesarios los votos de Junts para que la ley salga adelante.
La organización de inquilinos ha reclamado que esta reforma quede al margen de la “batalla” partidista y de los “giros” de guión de carácter efectista. “Instamos a todos los partidos y entidades a hacer todo lo posible para que así sea”, han manifestado.
El posicionamiento del sindicato se ha hecho público este lunes, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un real decreto ley con nuevas medidas, entre ellas incentivos fiscales para los propietarios que no incrementen el alquiler en las renovaciones de contrato, una regulación específica contra el “fraude” en los alquileres de temporada y un tope al “abuso” del alquiler por habitaciones.
En relación con estos beneficios fiscales para los dueños de viviendas, el sindicato ha afirmado que las bonificaciones “son un regalo para los caseros que no protegerá a los inquilinos” y que no detendrán la lógica del “negocio del rentismo”, basada, según denuncian, en desalojar a un inquilino para volver a alquilar la vivienda entre un 30% y un 50% más cara.
“Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar al inquilino”, han señalado.
El sindicato ha criticado que, mientras la población asalariada contribuye con sus impuestos, los propietarios reciben ventajas fiscales por percibir rentas del alquiler, de modo que los inquilinos terminan destinando no solo entre el 60 y el 70% de su salario al pago de la vivienda, sino también una parte adicional vía impuestos.
“Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa. Hace un año, Sánchez anunció una medida similar que sí incluía bajadas según el índice oficial; los rentistas no pueden seguir siendo un sector privilegiado al margen de las normas comunes”, han añadido desde la organización.
Para reforzar la protección de los arrendatarios y asegurar una mayor estabilidad en los contratos, el sindicato de inquilinos reclama que se impulsen cambios legales que permitan que los contratos de alquiler sean indefinidos, siguiendo el modelo existente en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.