El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado contra el Gobierno por no haber cumplido con la obligación constitucional de remitir los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes a los ejercicios de 2024, 2025 y 2026.
Según ha informado este martes el propio órgano de garantías, la Cámara Alta extiende también su impugnación a las sucesivas prórrogas de las cuentas públicas de esos años, al mantenerse en vigor sin que se aprueben nuevos presupuestos.
Fue la mayoría absoluta del PP en el Senado la que promovió este enfrentamiento entre instituciones al entender que la Cámara Alta “no debe admitir ni tolerar el incumplimiento” de la obligación que la Constitución impone al Ejecutivo, “que tiene un deber constitucional de presupuestar”.