El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido de un aumento de las quejas de familias en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas con menores, que han sufrido un desahucio judicial de su vivienda habitual y que no recibieron información clara sobre qué ocurriría tras el desalojo o lanzamiento.
En su “Informe anual 2025”, la institución subraya que las 142 actuaciones efectuadas en 2025 en relación con estas reclamaciones, frente a las 102 de 2024 y las 60 de 2023, ponen de manifiesto la gravedad del problema.
El Defensor del Pueblo señala que una de las principales preocupaciones que expresan las personas desahuciadas es el silencio de la Administración y el desconocimiento sobre la situación en la que quedarán después del lanzamiento, lo que provoca entre los afectados una fuerte sensación de inseguridad e incertidumbre.
Con frecuencia, los ciudadanos trasladan que perciben una actitud pasiva por parte de los servicios sociales, que reaccionan tarde y elaboran planes de actuación sobre la marcha cuando el conflicto residencial ya se ha materializado.
Por este motivo, el Defensor del Pueblo reclama a los ayuntamientos que dispongan de antemano de dispositivos de alojamiento temporal preparados para atender estas emergencias en la fecha en la que se sabe con certeza que se ejecutará el desahucio.
Además, subraya la necesidad de informar previamente a las personas afectadas de la existencia de estas alternativas de alojamiento, de forma que conozcan los recursos disponibles y se reduzca, en la medida de lo posible, la incertidumbre y el desasosiego.
El Defensor del Pueblo explica que, en su función de orientar a las familias que piden a las administraciones locales y autonómicas soluciones habitacionales y de supervisar que se cubren las necesidades urgentes de alojamiento, en algunos casos se ha visto obligado a intervenir directamente ante el ayuntamiento correspondiente por la gravedad de la situación y la cercanía de la fecha fijada para el lanzamiento.
En esta misma línea, advierte de que muchas familias, una vez desahuciadas de su vivienda, se ven forzadas a solicitar sucesivas prórrogas de su estancia en los recursos residenciales temporales que se les asignan para afrontar una situación excepcional de emergencia.
Estos alojamientos temporales, recuerda la institución, presentan limitaciones y carencias desde el punto de vista habitacional, ya que no fueron concebidos para convertirse en residencia estable de una familia.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo recoge también las quejas de propietarios y arrendadores que muestran su rechazo a la moratoria antidesahucios, vigente desde 2020 hasta 2025, así como su malestar por los retrasos en el cobro de las ayudas de compensación previstas cuando se acuerda la suspensión judicial de desahucios y lanzamientos. Aunque el plazo de resolución es de tres meses, en algunos expedientes se prolonga más de un año.
PERSISTEN LAS DIFICULTADES DE ACCESO A LA VIVIENDA
En el informe, el Defensor del Pueblo vuelve a destacar las enormes dificultades para hacer efectivo el derecho a la vivienda y expresa su preocupación por el agravamiento del problema, ligado al fuerte incremento en la última década de los precios de compra y alquiler, que han crecido por encima de los salarios y de la capacidad adquisitiva de la población.
Ante el elevado coste de la vivienda y las estrictas condiciones de solvencia para acceder a una hipoteca, la presión se ha trasladado al mercado del alquiler, cuyos precios llevan años encareciéndose a ritmos muy altos, en un contexto de fuerte aumento de la población y de una oferta de vivienda nueva insuficiente.
Esta realidad se ve empeorada por el rápido aumento del número de viviendas destinadas al alquiler turístico, lo que reduce el parque disponible para el alquiler residencial permanente, encarece los precios y, cuando alcanza porcentajes elevados, altera el equilibrio social y económico de los municipios y la prestación de sus servicios.
El aumento continuado de los precios de venta y alquiler provoca que un gran número de personas no pueda acceder ni a la compra ni al arrendamiento de una vivienda, y que una parte muy importante de los inquilinos deba asumir un sobresfuerzo económico para poder pagar la renta del inmueble en el que reside.
Las dificultades para acceder y mantener una vivienda se dan en todas las comunidades autónomas y en municipios de tamaño medio y grande, aunque se intensifican en las zonas con mayor densidad de población y más afluencia turística.
Un año más, las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo evidencian que las ayudas destinadas a sufragar el alquiler llegan con meses de retraso en demasiadas ocasiones y que los fondos disponibles no alcanzan para cubrir todas las solicitudes que cumplen los requisitos.
Asimismo, la institución ha registrado reclamaciones por el alto porcentaje de viviendas de uso turístico y las molestias asociadas, así como por los conflictos de convivencia y actos de vandalismo vinculados a ocupaciones de viviendas sin título.
INSTA A USAR LA LEY DE VIVIENDA Y LIMITAR LA VIVIENDA TURÍSTICA
El Defensor del Pueblo aboga por aplicar con mayor intensidad la Ley por el Derecho a la Vivienda para contener el incremento sostenido de los precios del alquiler y para limitar la expansión del alquiler turístico en los numerosos municipios donde este fenómeno genera problemas.
También plantea mantener y reforzar los programas de ayudas al pago del alquiler con el fin de aliviar el sobresfuerzo de los hogares, y exige que las administraciones autonómicas gestionen estas ayudas con más agilidad, resolviendo los expedientes con rapidez y eficacia y dotándose de los medios necesarios.
El Defensor del Pueblo recuerda que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones y aprobar las normas adecuadas para hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna.
En este sentido, considera imprescindible un incremento sustancial del parque de vivienda pública y protegida destinada al alquiler, hasta alcanzar como mínimo la media europea en el menor tiempo posible, y defiende que estas viviendas se orienten preferentemente al arrendamiento y queden sometidas a un régimen de protección permanente.
MÁS TRANSPARENCIA EN LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
Al mismo tiempo, recuerda a las administraciones competentes que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública deben desarrollarse con la máxima transparencia y eficacia, siguiendo baremos públicos y objetivos. Además, insiste en la necesidad de erradicar el chabolismo y la infravivienda.
En relación con el Bono Alquiler Joven, el Defensor del Pueblo reitera que, un año más, las ayudas no han llegado a tiempo a muchos solicitantes por diversas razones, entre ellas el elevado volumen de peticiones y el agotamiento del crédito presupuestario.