El Defensor del Pueblo ha insistido en que cualquier ciudadano, viva donde viva, debe tener garantizado el acceso al servicio de telefonía fija, y ha remarcado que la extensión de la fibra óptica por todo el territorio español figura entre las demandas “más importantes” planteadas por la población.
Esta conclusión se desprende del ‘Informe Anual 2025’ del organismo, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entregó este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.
En el ámbito de las telecomunicaciones, la institución recalca que la prestación “adecuada” de la telefonía fija cobra especial trascendencia cuando afecta a personas vulnerables, a mayores que viven en áreas despobladas o a usuarios que dependen de servicios de teleasistencia en el hogar. Aun así, advierte de que siguen siendo “habituales” las reclamaciones por fallos y averías.
Como ejemplo, se menciona la situación ocurrida en Arangas de Cabrales (Asturias), donde una incidencia en el suministro eléctrico —originada por un incendio en el transformador— dejó sin servicio telefónico a los vecinos. La conexión se restableció con carácter urgente, después de que el Defensor solicitara información al ayuntamiento del municipio y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
El avance de la fibra óptica
El Defensor destaca que la generalización de la fibra óptica impacta “positivamente” en las condiciones de vida y empleo, al contribuir a cerrar la brecha digital y reducir las desigualdades derivadas de ella. Las quejas recibidas ponen de manifiesto, precisa, la urgencia de dotar de infraestructuras de telecomunicaciones a pequeños núcleos rurales.
Tras consultar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el informe recoge que se impulsa que los operadores adopten medidas específicas para combatir la brecha digital, afrontar el reto demográfico y reforzar la inclusión social.
Según la Administración, los programas de apoyo a la extensión de la banda ancha han supuesto “importantes progresos” para llegar a una cobertura superior a 100 megabits por segundo (Mbps) en 2025.
En particular, el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación 2013-2023 (PEBA-NGA) contempla llevar redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) a 6,3 millones de unidades inmobiliarias repartidas en más de 20.000 núcleos de población, lo que supone más del 20% del total de unidades y más del 50% del aumento global de cobertura en ese periodo.
El Defensor menciona igualmente el caso de Durón (Guadalajara), donde se habían detectado problemas en el despliegue de la fibra. La Secretaría de Estado comunicó que dos proyectos del programa “Único-Banda Ancha” abarcan este municipio y deben ejecutarse entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
Normativa pendiente
En su informe correspondiente a 2024, el Defensor del Pueblo ya había alertado sobre la ausencia de desarrollo reglamentario de la Ley 11/2022, de 28 de julio, General de Telecomunicaciones, y puso en marcha actuaciones ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales para conocer el grado de avance.
La Secretaría de Estado admitió entonces “la importancia y complejidad” de esta cuestión y explicó que se estaba trabajando en el desarrollo de la norma en aspectos como el Servicio Universal de Telecomunicaciones y la regulación de las comunicaciones de emergencia, tanto mediante el número 112 como a través del sistema de alertas públicas inalámbricas.
Asimismo, informó de la puesta en marcha de una comisión interministerial —cuyo funcionamiento y composición seguían en fase de definición— con el objetivo de agilizar la cooperación entre administraciones públicas en la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Estas iniciativas continúan “en curso”, según recoge el documento difundido este martes.